Redacción VcV

Toluca, México; 6 de abril de 2021. Una iniciativa para sancionar con penas de 4 a 10 años de prisión a servidores públicos de procuración de justicia que filtren información o imágenes de víctimas, principalmente de grupos vulnerables, fue presentada por la diputada Beatriz García Villegas.

La legisladora recordó el caso de Mary Villegas, de 15 años, ante la presencia de Marisol Juárez Cortés, su madre, quien el 26 de diciembre fue encontrada sin vida en un paraje de Juchitepec, tras nueve días de su desaparición, pero a las pocas horas, fueron filtradas fotos del cuerpo de la joven, lo que de acuerdo a su dicho atentó contra la integridad de Cristy, al igual que la de sus familiares.

Apuntó que la filtración de información o evidencia vinculada con alguna de las etapas del procedimiento penal es una práctica reiterativa cometida por servidores públicos que integran el sistema de procuración de justicia, con la intención de obtener alguna ventaja o contraprestación económica.

La legisladora no dijo que casi ningún medio de comunicación en el país paga por fotografías e información de este tipo, pues se obtiene de otro tipo de fuentes. Las imágenes, solas, no tienen ningún valor porque nadie paga por la inmediatez de una noticia que se esparcirá por las redes sociales de cualquier manera. En ese sentido, no hay ventajas económicas para medios. Otras personas que pudieran estar interesadas en difundir ese tipo de fotos no fueron mencionadas por la diputada.

Lo que sí hizo fue recordar el caso de la joven Ingrid, asesinada de manera brutal por su pareja en la Ciudad de México y cuyas fotos fueron difundidas a medios de comunicación, como un actuar indebido de autoridades encargadas de la procuración de justicia, y sobre los derechos de las víctimas, y más aún en casos de feminicidio.

“El hecho de exhibir el cadáver mediante imágenes en algún medio de difusión y comunicación, produce una victimización secundaria que agrava y expone un daño tanto a la víctima directa como a las indirectas”, sostuvo García.

De acuerdo con ella, esas acciones son violaciones al derecho y al principio del debido proceso de ambas partes, al derecho y al principio de presunción de inocencia del imputado, “al derecho a la intimidad de cualquiera de las partes, y en el caso de adultas mayores, mujeres, o niñas, es una violencia institucional.

“Con la presentación de esta iniciativa buscamos inhibir y reducir en gran medida los actos de filtración por parte de las y los servidores públicos que han provocado en distintos casos una revictimización en contra de las mujeres, así como afectaciones a las distintas víctimas de cualquier delito”, dijo García.

El proyecto establece sanciones a quienes en ejercicio de sus funciones en los sistemas de procuración de justicia, filtren evidencia o información de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensoras o defensores de derechos humanos, personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas en estado de reclusión, adultas o adultos mayores, personas en situación de calle o en extrema pobreza, entre otras.

La reforma al artículo 353 del Código Penal que refiere delitos cometidos por las y los servidores públicos de la procuración y administración de justicia establece sanción de cuatro a diez años de prisión, de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de su empleo, cargo o comisión que corresponda.

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