Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 28 de febrero de 2021. Era bisiesto lo cual ya anticipaba un año atípico. El día primero de 2020 la esposa del presidente mexicano, Beatriz Gutiérrez Muller, deseaba “salud y amor” a los connacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presumía ahorros millonarios en la compra de medicamentos y material de curación, el EZLN exponía su rechazo absoluto a la construcción del Tren Maya y el entonces secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, anunciaba el despliegue de elementos de la Guardia Nacional hacia 50 nuevas regiones del país. Ese era el comienzo de un año letal, para entonces indiferente a la covid-19.

Pero cierto se volvió de pronto aquel dicho popular de que “febrero loco y marzo otro poco” pues el penúltimo día del segundo mes del año traía consigo el comienzo de un futuro desolador e incierto. Transcurrían los primero minutos de aquel viernes 28 de febrero cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advertía el inicio de la calamidad: “Existía una prueba reactiva. Estaba pendiente hacer la segunda prueba de confirmación. Esto ocurrió a las 6:00, salió el resultado y se confirma”, decía entonces el médico epidemiólogo en alusión al que sería el primer caso confirmado de coronavirus en el país.

Minutos más tarde el mundo sabría que se trataba de un hombre de 35 años que había viajado a Italia -país europeo que en esas fechas registraba por lo menos 500 casos confirmados- y permanecía internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Esa misma noche dos casos más, uno en Ciudad de México y otro en Sinaloa, eran reportados en las primeras planas de los medios nacionales.

Llegó marzo y con ello la primera muerte en México a consecuencia de la enfermedad; el paciente, un hombre de 41 años, resistió únicamente nueve días internado en el mismo nosocomio en el que se atendió el primer caso de coronavirus, el INER. Fue el 18 de ese mes cuando el gobierno federal comunicó, a través de un tweet, la angustiosa noticia.

 Luego se supo que el hombre era diabético -una de las principales comorbilidades de la enfermedad- y había asistido a un concierto de rock en el Palacio de los Deportes con fecha 3 de marzo. Hasta ese día el país contabilizaba 118 casos positivos al virus y por lo menos 314 más permanecían sospechosos; había hospitales disponibles pues el 89 por ciento de los enfermos activos se recuperaban en casa.

Así, paulatinamente lo que inició como un rumor, o como noticia distante, arrinconó a los mexicanos; aunque siempre hubo escépticos y socarrones, como los jóvenes que ataviados con trajes estilo espaciales -cubiertos todos de pies a cabeza con overoles blancos- presumían carteles con la leyenda de “Nos la pela el coronavirus” durante el concierto Vive Latino 2020 que tuvo lugar el 14 y 15 de marzo en el Foro Sol y donde al menos 27 de los más de 40 mil asistentes tenían fiebre, aunque sólo fueran medidos la mitad del aforo total; es decir, apenas unos 20 mil, como más tarde dieran cuenta medios capitalinos.

Fotografía de Ramsés Mercado.

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De covidiotas, agresores y la llegada a México de la fase 2

Era inevitable. Cinco casos sin “antecedentes identificables de importación” -lo que significaba que el contagio fue local y no derivado de viajes al extranjero- orillaban al gobierno federal a decretar la fase dos de la epidemia:

“El momento es éste y, por lo tanto, queremos declarar formalmente el inicio de la fase dos, lo que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que en México, por haber anticipado dos semanas las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos en reducir la transmisión […], vamos a poder doblar la curva; tener menor transmisión” explicaba el 24 de marzo López-Gatell, quien durante su mensaje en conferencia de prensa conminó a los mexicanos a reforzar las medidas sanitarias como el lavado de manos, mantener sana distancia y suspender eventos y reuniones de 100 o más personas.

Para entonces ya era inexorable el encierro; ese día fue el presagio de un luto permanente en el país. Pero eso no fue sólo lo que el subsecretario Gatell quería informar al pueblo mexicano. La intención, dijo, era –por lo menos entonces- evitar el crecimiento abrupto de casos y con ello el colapso de hospitales. “También quiero ser claro: el éxito en la reducción de la transmisión en vez de llevarnos a una epidemia corta nos conducirá una epidemia más larga, pero esto es importante porque nos lleva a administrar el riesgo; es decir, tener cada día menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura del Sistema Nacional de Salud de México”.

Llegó abril y con ello los primeros “covidiotas” salieron a la luz. El término es un neologismo de reciente creación que, a decir de Carmen Camacho,  representa al “idiota de toda la vida pero que de forma específica se está luciendo en esta crisis”, o, en términos llanos, aquellos que se muestran indiferentes e incluso renuentes a adoptar las medidas de higiene y comportamiento social recomendadas por las autoridades de Salud para evitar más contagios del SARS-CoV-2.

El 10 de abril y los días siguientes Ecatepec acaparaba la atención de la prensa mexiquense: unas 200 personas fueron desalojadas de un predio donde se realizaba de manera clandestina una fiesta y, evidentemente, no se respetaba la sana distancia. Durante el operativo los presentes, enfurecidos, arrojaron las botellas de licor que minutos antes habrían estando consumiendo, y basura, a los uniformados. En ese evento hubo tres detenidos.

La indiferencia, así como los contagios, iban al alza. Para finales de mayo siete municipios del Estado de México concentraban el 52 por ciento del total de decesos a consecuencia de la enfermedad en la entidad. Liderando la lista estaba -y sigue estando- Ecatepec, pero también Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ixtapaluca y Chalco. A finales de 2020 los nombres eran otros, estando Toluca entre los de más contagios y muertes por el virus.

Pero Ecatepec fue también sede de otros escándalos, como el ocurrido a inicios de mayo donde al no tener información sobre el estado de salud de sus familiares, un grupo de personas irrumpió a la fuerza en el Hospital General Las Américas, dejando a su paso a vigilantes, médicos y enfermeras lesionados. Aunque el tema de las agresiones contra personal de la salud ya comenzaba desde antes, a finales de marzo, cuando el Ministerio de Gobernación de México reportó 47 ataques contra el personal de salud en 22 estados de la República; siendo el 80 por ciento de estos casos cometidos contra enfermeras y enfermeros. De ese total sólo se detuvieron a tres supuestos responsables.

La pandemia del coronavirus resignificó el color blanco de las clínicas pues de pronto las filipinas de médicos y enfermeros que inspiraban confianza a la gente, afuera, en las hostiles calles, sucedía lo contrario: a veces eran sólo miradas espesas las que les eran lanzadas como dagas de odio, pero había también provocaciones verbales, incluso amenazas de muerte o la muerte misma, como la masacre registrada el 8 de mayo, donde dos enfermeras y su hermana perdieron la vida en la ciudad de Torreón, Coahuila, por hechos atribuidos a su profesión y que fuera el caso más sonado de entonces.

El país se atiborró de historias similares; desde hospitales y ambulancias incendiadas hasta personas bañadas en cloro, como le sucedió al enfermero Luis Gerardo Ramos, en Reynosa, cuando una señora lo empapó con el químico mientras realizaba compras en un centro comercial de esa ciudad por creer que podía contagiarla.

Los “héroes de bata blanca” para unos, eran “los apestados” para otros. Sucedió en Chiapas, Tlaxcala, Querétaro, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y otros tantos puntos de la República y el mundo, sumando aproximadamente 200 casos en México hasta julio de 2020 según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y más de 600 en el mundo apenas un mes después de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

De ese total el 20 por ciento implicó agresiones físicas, 15 por ciento actos de discriminación “debido al miedo” y otro 15 por ciento “agresiones verbales o amenazas”.

Viceversa Noticias publicó el último día de junio el caso de Yair Campos, un joven enfermero del Hospital para el Niño del IMIEM, en Toluca, que recibiera amenazas de muerte por parte de sus vecinos supuestamente por atender a pacientes con coronavirus. Pero también reportó ataques de esta índole, producto de la desinformación, aunque no cometidos precisamente contra personal de la salud: en San Mateo Capulhuac, Otzolotepec, un grupo de pobladores agredió a trabajadores del ayuntamiento que fumigaba las calles con hipoclorito por creer que estaban esparciendo el virus. ¿Covidiotas?

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¿Quién da más? ¿quién da menos? El baile de las cifras

El gobierno de Alfredo del Mazo Maza anunció con bombo y platillo a inicios de julio de 2020 la creación del micrositio https://edomex.gob.mx/covid-19, a través del cual se difundiría “toda la información sobre la prevención, cuidados y acciones relacionadas con la enfermedad y sus consecuencias” entre otros aspectos; sin embargo, además de actualizar su información después que el sitio del gobierno federal, la diferencia entre ambas era entonces, y sigue siendo, abismal. El primero reporta siempre cifras por mucho menores tanto en contagios como decesos a las de los segundos, como se puede observar en la nota “¿Quién miente? Discrepan gobiernos federal y estatal por cifras de covid-19″.

Pero divergencias hubo desde el inicio de la pandemia, tanto así que diez gobernadores mexicanos integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores pedía ese mismo mes de julio la renuncia del subsecretario López-Gatell por el manejo de la pandemia, siendo la inconsistencia en los reportes de contagios y muertes uno de los principales reclamos.

*Tal como se observa, mientras el gobierno federal reportaba el 23 de febrero de 2021 un total de 212 mil 970 casos positivos con coronavirus, el mexiquense decía que eran 199 mil 814; es decir, una diferencia de 13 mil 156 casos. Lo mismo sucede con las defunciones : los primeros reportaban 28 mil 60 y los segundos 20 mil 703.

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En Toluca, por ejemplo, mientras que con corte al 25 de de junio el gobierno federal -a través de la DGE- reportaba 270 muertes por la enfermedad, el Registro Civil municipal contabilizaba 512. Un mes y quince días después, el 10 de agosto, la instancia toluqueña ya acumulaba 904 y la federal 651.

La diferencia llevó al entonces secretario del ayuntamiento de ese municipio, Ricardo Moreno Bastida, a anunciar que las cifras locales dejarían de compartirse a fin de evitar  “entrar a una disputa de cifras porque no es ese el objetivo de la información. Ésta es específicamente para la toma de decisiones que nosotros tenemos que hacer en el municipio y que, por ello, es un insumo necesario; además que esto nos ha ayudado mucho a sensibilizar a la población de cuál es la realidad objetiva que nosotros tenemos y que obra en las actas de defunción”. SIC

Esos no han sido los únicos contrastes: mientras que el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, señaló que en 2020 se redujeron “considerablemente” delitos como robo y homicidios, Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia capitalina, reveló aumentos también “considerables” en ilícitos como feminicidios, abuso sexual, lesiones dolosas, secuestro, trata de personas y, curiosamente, homicidios dolosos, los cuales según García Harfuch habían reducido.

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El precio de la vida

 “Cambio coche Ibiza 2002, en regla, por tanque de oxígeno medicinal lleno. ¡Urgente!”, escribía Gabriela a mediados de enero de 2021 Gabriela. El anuncio lo hizo en S.O.S Covid Toluca, un grupo de Facebook creado el 30 de diciembre de 2020 y que actualmente cuenta con más de 11 mil 600 miembros.

A decir de sus administradores, se trata de un “espacio para encontrar alternativas en oxígeno como concentrador, tanques, locales y lugares que surtan etc, así como especialistas, equipamiento en Toluca y alrededores”, pero se ha convertido también en la Sección Amarilla para quienes requieren insumos médicos, servicios de esterilización de espacios, consejos para el tratamiento en casa de pacientes con covid, disponibilidad hospitalaria, servicios de reparación de concentradores de oxígeno, entre otros tantos giros afines.

Gabriela ofrecía su vehículo para poder salvar la vida de sus familiares. Cuatro de ellos –papá, mamá y dos hijos- fueron en un principio mal diagnosticados por una doctora de su comunidad, en Zinacantepec, quien les dijo que sólo se trataba de una “fuerte gripa”, pero no fue sino hasta que el jefe de familia, un hombre de 43 años, registró oxigenaciones de 53 por ciento (cuando lo normal es arriba de 90) que cambió el diagnóstico. Para entonces ya era evidente el contagio con covid-19.

Con voz entrecortada narra el viacrucis que padecieron.

“A mi suegra le dio en junio, cuando todavía había oxígeno y medicinas; pero ya cuando a ellos, ni una ni otra”, dice de pronto la mujer antes de que un suspiro la silencie en seco. Cuando por fin recobra el aliento revela otra realidad: “tuve que publicar eso de que ya no había intercambiado mi carro y que ya tenía el oxígeno nomás porque me llegaban diario mensajes de yo te doy 5 mil por tu coche, yo te doy 8 mil, yo te doy medicinas… y todo siempre con precios muy bajos, aunque realmente yo no quería el dinero; yo necesitaba un tanque para poder ayudar a mi familia”.

Fue una semana entera de estar buscando oxígeno, pero nada. Inevitablemente la desesperación vino acompañada de las complicaciones en la enfermedad, lo que motivaron a Gabriela y su esposo a ofrecer el carro en trueque. Su costo aproximado, según un cálculo rápido de la pareja, era de 23 mil pesos; sin embargo aceptaron cambiarlo por un tanque de 9.5 litros con valor aproximado de 10 mil. Contactó a los interesados y cerraron el trato, mas no se concretó como se había pactado:

“La persona que me lo cambió me dijo que me iba a dar 2 mil pesos más y el tanque… ¡pero no regresó! Nada más me trajo el tanque, se llevó el coche y ya no me dio el dinero”. Los dos mil pesos, cuenta, serían entregados a cambio del tarjetón del automóvil y otros documentos más, pero decidió no volver.

Actualmente los cuatro integrantes de esa familia ya se encuentran estables aunque con evidentes secuelas derivadas de la enfermedad; no obstante, en el proceso lidiaron también con médicos que a cambio de revisarlos exigían a la familia el pago anticipado de la consulta a través de una transferencia electrónica a su cuenta bancaria; otros elevaron el costo de sus servicios pues “en el traslado a su casa dejo de atender a otros pacientes”, como argüían para justificar el incremento de 600 a mil 500 pesos el cobro de la consulta por persona. Otros más los citaban en su consultorio con el riesgo inherente del desplazamiento y la consecuente posibilidad de propagar los contagios.

Pero salieron adelante aunque el proceso además de agotador, haya sido caro. En la compra de un concentrador de oxígeno, que les ofrecieron con la promesa de ser de grado hospitalario, pagaron 33 mil pesos, aunque el “grado hospitalario” solamente resultó de nombre. Aunado a ello los enfermos tenían que consumir azitromicina, un fármaco utilizado para tratar infecciones bacterianas como bronquitis, neumonía e infecciones en pulmones cuyo costo por caja con 4 tabletas oscila en 500 pesos, entre otras tantas medicinas, y aunque el precio no era elevado, conseguirlos era una tarea titánica. Ni hablar ya del tema y costo de las consultas.

La familia de Gabriela enfermó en enero, el mes más complicado hasta ahora de la pandemia, cuando el país “rompió todos los récords”, como señaló a finales de ese mes el periódico El Economista. Casos confirmados, sospechosos y muertes tuvieron un repunte exponencial: al cierre de ese mes en el país se acumularon 32 mil 729 muertes, con un total de 158 mil 536, pero también habían 438 mil 166 casos confirmados y algo así como 2 millones 59 mil 964 casos estimados de contagio.

Gabriela y su esposo buscaron camas disponibles en el hospital Nicolás San Juan, en el Adolfo López Mateos y otros tantos más nosocomios, públicos y particulares, pero en ninguno podían recibir a tres enfermos de gravedad que ya tenía esa familia. En paralelo, del 20 al 21 de enero la Dirección General de Epidemiología (DGE) contabilizaba mil 803 muertes y 22 mil 339 nuevos contagios, lo que se tradujo en el colapso del sistema de salud. Diario se rompieron los récords, ya de contagios, de muertes, o incluso de ambos. De acuerdo con la DGE en aquel mes la ocupación hospitalaria en el país rondaba el 56 por ciento; es decir que de las 34 mil 841 camas para hospitalización de pacientes con coronavirus, 19 mil 604 estaban ocupadas, aunque en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Nuevo León y Nayarit la ocupación era de 87, 82, 78, 77, 76, 74, 72 y 72 por ciento respectivamente.

“Íbamos a preguntar pero de plano nada, nos decían que no los podían recibir y mucho menos a los tres. Nos tocó ver gente en serio grave y sin oxígeno esperando ingresar”, dice todavía sorprendida Gabriela para después hablar de su “suerte” para conseguir oxígeno, como dice quizás para aminorar la angustia que ese recuerdo trae. “Era pararnos a las 5 de la mañana y salir a las 11”, pero también era volver al día siguiente, pues como si el tanque tuviera orificios de coladera, o fugas, el gas se acababa de un día para otro. Mientras cargaban el tanque de 9.5 litros que consiguiera a cambio del Ibiza, los enfermos debían turnarse otro de menor capacidad y que alcanzaba apenas las 6 horas que Gabriela y su esposo esperaban formados en las interminables filas para una nueva recarga.

No necesita decirlo para saber que eran días convulsos de no dormir y mal comer, “pero valió la pena”, enuncia triunfante la mujer.

Poco antes de colgar el teléfono se ha olvidado incluso de la cólera que sintió cuando supo que de junio a enero la recarga de su tanque pasó de costar 650 pesos a casi 900. Tampoco necesita decirlo para saber que ese “valió la pena” le ha dibujado la sonrisa de quien ha tomado un descanso en lo que será una larga y accidentada carrera.

La epidemia aún no termina, la llamada sí.

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Un negocio llamado coronavirus

En tiempos de pandemia el oxígeno vale cualquier cosa, como 33 mil peos o un carro, pero puede costar también lo que el vendedor decida a ultranza; y aunque el gobierno presuma regulaciones en la materia y sanciones a quienes acaparen insumos médicos sin autorización, la realidad que se vive fuera de los palacios de gobierno es diferente: mientras unos apenas sobreviven otros se aprovechan de la situación para obtener beneficios económicos substanciosos.

La venta de cubrebocas KN 95, concentradores de oxígeno, líquidos “sanitizantes” (desinfectantes) e incluso pruebas rápidas para detectar la covid-19, acrecentó considerablemente y las calles de la ciudad son testigo de ello. Sin permiso alguno y a la vista de todos, cientos de personas comercializan éstos y otros productos más. Algunos han decidido hacerlo a través de redes sociales, siendo sus precios tan impredecibles e inciertos como su calidad y eficacia.

Pero el riesgo de convertirse en víctima de fraude está siempre presente y se ha documentado ya numerosas veces en los rotativos y portales de noticias del país.

El caso más reciente registrado en el Estado de México involucra a Luis Alejandro “N”, quien fue capturado por elementos de la Fiscalía estatal luego de que a través de diversas páginas de internet pusiera en venta concentradores de oxígeno, motocicletas de trabajo y teléfonos celulares, además de ofrecer descuentos y envíos gratis a la entidad.

“Una vez que personas interesadas lo contactaban les decía que debían realizar depósitos de dinero para enviarles dicha mercancía y una vez que éstas realizaban el pago, Luis bloqueaba sus mensajes y llamadas y no enviaba dichos artículos” dice un reporte de Viceversa Noticias con fecha 12 de febrero. En la publicación se informa que la víctima habría depositado 15 mil pesos por los productos ofertados y sin embargo no los recibió.

El defraudador fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez aunque su caso aún no queda resuelto y, por lo tanto, podría quedar en libertad, muy a pesar de contar previamente con dos órdenes de aprehensión en su contra por este mismo delito en los estados de Nuevo León y Zacatecas.

Se lucró con la vida pero también con la muerte. Las funerarias, por ejemplo, aunque ya no ofrecían tantos servicios en sus paquetes a consecuencia de los nuevos protocolos oficiales de tratamiento de los cuerpos (principalmente los de covid-19) y práctica de costumbres póstumas, sus costos los mantuvieron, en el mejor de los casos.

Pero hubo otros -la mayoría- que los incrementaron abismalmente; por lo menos en el valle de Toluca -como han exhibido algunos medios de comunicación- a pesar de la demanda del servicio, lo cual de por sí ha dejado ganancias económicas considerables a los dueños de negocios con este giro comercial. Que si viven en un riesgo constante y por eso sí, que si ya están advertidos sobre los riesgos inherentes del oficio y por eso no, que si por empatía deberían ayudar al pueblo que padece bajando sus precios y por eso tampoco;  ésos eran y son los principales argumentos al opinar sobre el incremento en costos de estos servicios.

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Desempleo y pobreza, los daños colaterales

No sólo el desempleo proliferó con la llegada del coronavirus a México; no sólo se trata del 31.3 por ciento que incrementó durante 2019 o las 2 millones 549 mil personas desocupadas para el último trimestre con que cerró ese año, la pandemia de la covid-19 acentuó la pobreza en el país y el sector educativo también fue uno de los más afectados.

Las razones son muchas, pero todas ellas inherentes a la falta de infraestructura tecnológica, como lo son desde la ausencia de computadoras o dispositivos móviles con los cuales recibir clases, hasta el propio sistema de internet, o bien problemas de salud.

De acuerdo con el investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Fernando Carreto Bernal, el impacto de la pandemia en la deserción de la educación básica destapa un problema grave de desigualdad, llevando manifiestas situaciones económicas, principalmente, pero también influencia negativa de padres, amigos, familiares o docentes; la complejidad de las materias, así como problemas de conducta.

A través de su conferencia “El impacto de la covid-19 en la deserción de la educación básica. Un problema de vulnerabilidad y desigualdad” Carreto Bernal reveló datos duros: 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con infraestructura tecnológica y solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras e internet.

Dijo además que 2 millones y medio de alumnos “abandonaron sus estudios por falta de dinero” aunado a que en el país 162 mil localidades se ubican en relieve montañoso, lo cual desde el inicio ya representa un problema.

El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desenmascara una realidad inextinguible en el país: la pobreza. De acuerdo con su información recabada, el 40.7 por ciento de la población mexicana se ubica dentro de la categoría de pobreza laboral; es decir, percibe un salario tan bajo que no le alcanza ni para costear la canasta alimentaria.

Si se considera que la última medición del INEGI dice que en el país hay 126 millones 14 mil 24 habitantes, al menos 75 millones 608 mil 414 connacionales se encuentran en esta condición. Cabe señalar que la cifra en 2019 era del 37.3 por ciento; esto es un acrecimiento del 3.4 por ciento de un año.

Incluso con el riesgo latente de contagio con el nuevo coronavirus, el Coneval señaló que entre el cuarto trimestre de 2019 y el de 2020 “se observan disminuciones en la población ocupada con acceso a los servicios de salud por prestación laboral según sector económico”. Los restaurantes, por ejemplo, así como servicios de alojamiento, obtuvieron una reducción anual del 22.9 por ciento y aunque el INEGI diga que de los 12 millones de empleos que se perdieron entre abril y diciembre de 2020 se recuperaron 9.5 millones, la realidad es que en México sigue habiendo pobres.

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Casa llena

Hasta cinco días tardó la entrega de cenizas de personas fallecidas por covid-19 en México durante enero de 2021. En municipios como Toluca la familia debía esperar de dos a tres días para recoger las urnas de sus difuntos pues era el tiempo en que tardaba en desocuparse un horno crematorio que, cabe señalar, no era de los existentes en la ciudad, debido a la alta demanda, sino que el cuerpo era desplazado a Ixtlahuaca o Cuernavaca para agilizar los procesos, pues de lo contrario “se tienen que formar por más días porque tenemos casa llena”, como expresaron trabajadores de Funeraria Latinoamericana cuando fueron cuestionados al respecto.

La gente estaba muriendo y tampoco alcanzaban los féretros, ni los hospitales, ni las medicinas, ni el personal médico y de enfermería, ni el dinero y ni nada. Actualmente el panorama no es muy alentador. Hay vacunas, sí; pero no gente vacunada, y si la hay es muy poca. El país ya rebasó, según el gobierno, las 185 mil muertes confirmadas por la enfermedad y los 2 millones de contagios.

México es, gracias también a la poca disponibilidad de infraestructura y recursos humanos para hacer frente a la pandemia, el país con mayor tasa de letalidad en el mundo pues por ahora el único fin lo tiene la vida, no el virus.

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