Miguel Alvarado

Toluca, México; 25 de febrero de 2021.

Serán tres candidatos los que buscarán la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Luis Raúl Ortiz, Carlos Barrera Díaz y Yolanda Ballesteros fueron aceptados por la Comisión Especial Electoral, que rechazó a la doctora Aurora López Ovando, a quien le faltaron cumplir requisitos.

La inscripción para contender por ese cargo abrió esperanzas a quienes pugnaban por un cambio de rumbo en la Máxima Casa de Estudios del Edoméx, porque se presentaban dos mujeres, lo cual increíblemente marcaba un hito en la historia de una universidad estatizada y penetrada hasta las raíces por los gobiernos priistas de la entidad. Una de ellas era Aurora López Ovando, quien evidenció el control que el rector Barrera tiene sobre el proceso e hizo pública la confrontación que sostuvo contra el funcionario.

De todas maneras, los cuatro que al principio buscaron obtener una certificación como candidatos son metales del mismo cuño, distintas caras de una misma moneda, todos relacionados con algún grupo priista de ahora o de antes.

Al final tres fueron aceptados como legítimos contendientes: Luis Raúl Ortiz Martínez, que se desempeñaba como abogado general de la UAEMéx y que en la vida real es el favorito y protegido del actual rector, Alfredo Barrera Baca; Carlos Eduardo Barrera Díaz, un químico al que nombraron secretario de Investigación y emanado del grupo del ex rector Rafael López Castañares; y Yolanda Ballesteros, hija de una ex alcaldesa de Toluca.

La historia de este proceso deja también al descubierto el desgaste que existe entre el actual rector y la comunidad universitaria. Barrera Baca nunca se acomodó en el espíritu de la comunidad universitaria, que le hizo saber desde el principio que no la representaba, que no la defendía, que le mentía y que sus decisiones no correspondían a un liderazgo que debía abanderar a más de 80 mil personas.

Y por eso, la comunidad aplaudía a las mujeres que se habían atrevido, sobre todo a una.

Así, hoy al mediodía los cuatro aspirantes entregaron su documentación ante la Comisión Especial Electoral, que por la tarde les respondería si cumplían con los requisitos de la convocatoria. Quedaba claro con anticipo que sólo dos lo harían.

Una de ellas era la doctora Aurora López Ovando. Ella, hasta el 23 de febrero de 2021, era directora ejecutiva de la Fundación UAEMéx, una instancia que se encarga de financiar proyectos y que presidía hasta el 18 de diciembre de 2020 el ex gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, involucrado en la realización de la Estafa Maestra como secretario federal de Educación, y que implica el desvío de 7 mil 670 millones de pesos.

Para registrarse, López Ovando tendría que enfrentarse primero con el rector Barrera Baca, quien la citó el 23 de febrero en su oficina para decirle, sin aspavientos, que “había realizado una investigación sobre los aspirantes y ella no cumplía con los requisitos que marcaba la convocatoria”. Y por eso no podía registrarse.

Pero López Ovando denunció públicamente al rector.

– El señor rector me envió un mensaje para que lo viera a la una de la tarde en el edificio central de Rectoría y abordó dos temas. El primero era sobre una investigación acerca de un estudio psicológico. Pero el segundo era que […] había hecho una investigación acerca de mis antecedentes académicos y laborales y no cumplía yo con los requisitos que agregó la Comisión en la convocatoria por un acuerdo, lo cual rebasa lo que la ley permite- dijo López Ovando al respecto, en una entrevista al reportero Augusto López.

El rector le dijo que “me di cuenta que no cumple usted con lo que marca la Convocatoria, por lo cual yo le pido que no se registre”.

– Señor rector, primero le quiero decir que yo tengo todos los elementos necesarios que marca la ley para poderme registrar, y […] tengo el derecho de hacerlo y voy a hacer todo lo posible por que la universidad no continúe en la situación en la que estamos, porque corremos el riesgo de que otra vez caigamos en el asunto de entregar la universidad a alguien que no hace nada por ella-, le respondió López Ovando.


– ¿Y eso me incluye?- le dijo el rector.

A Ovando le asiste la razón y la inscripción fue festejada por sus seguidores, que destacaron el hecho de que fuera la primera mujer en un proceso de elección y la valentía con la que enfrentaba a la actual rectoría. No dijeron, sin embargo, que López Ovando es la esposa de un ex procurador del Estado de México, Luis Rivera Montes de Oca, quien también fue procurador federal de la Defensa del Trabajo, en agosto de 2015. Su marido, partícipe de la hegemónica administración priista en la entidad, supo aprovechar las oportunidades y aceptó ser secretario del Trabajo en el Edoméx, director de Prevención y Readaptación Social y presidente del Tribunal de los Contencioso y Administrativo. De todas maneras la suerte o la capacidad no alcanzó a Rivera, pues fue inhabilitado por 10 años cuando laboraba Defensa del Trabajo por irregularidades administrativas. Además, como le gustaba el futbol, fue presidente de la primera mesa directiva del desaparecido equipo de futbol profesional de la UAEMéx, Potros, cuya desaparición está envuelta en procesos que no han sido debidamente explicados por el Patronato que lo administraba.

López Ovando era la favorita de académicos que condenaban el rectorado de Alfredo Barrera. Que no quedara porque ya se sabía que incumplía dos puntos de la convocatoria -no tenía las constancias de investigaciones recientes ni las de docencia- se lo había advertido el propio rector.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Especial Electoral, la Doctora Aurora López Ovando incumplió con los siguientes requisitos: haber prestado servicio a la institución realizando trabajos de docencia e investigación en los últimos tres años; haberse distinguido en las ciencias, las artes o la cultura nacional y acreditar no haber sido sancionada por falta a la responsabilidad universitaria expedida por el o los consejos de Gobierno de los espacios universitarios a los que haya estado adscrita o, en su caso, del Consejo Asesor de la Administración Central.

Conocida la decisión de no otorgarle la candidatura, López Ovando dijo que impugnaría la decisión.

La segunda mujer en inscribirse al proceso fue la profesora de la facultad de Lenguas, Yolanda Ballesteros Sentíes, hija de la ex alcaldesa priista de Toluca, Yolanda Sentíes (1976-1978), quien fue catedrática en la UAEMéx hace más de 50 años. Sobre su inscripción, registrada 4 minutos antes del cierre, hay poco que decir. También fue la última en recibir la constancia que la acreditaba como candidata legítima y dijo que la UAEMéx había respetado la democracia.

La votación que elige al sucesor de Alfredo Barrera Baca se realiza desde el Consejo Universitario y a veces desde auscultaciones cualitativas y cuantitativas que logran implementarse, cuando no se consigue la candidatura de unidad, algo que desde ahora buscarán quienes quedaron en la contienda.

Con López Ovando fuera pero con el rector exhibido, quien más posibilidades tiene de sucederlo es Luis Raúl Ortiz Martínez, el abogado general de la UAEMéx, cuya trayectoria laboral señala que pasó un tiempo en la defensoría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Él fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones entre las autoridades universitarias y los estudiantes en paro de facultades como Ciencias de la Conducta, Humanidades o Planeación Urbana, en 2020. Ese movimiento reclamaba las agresiones sexuales sufridas por alumnas de la universidad debido a que un alumno vendía fotos íntimas de ellas en internet. Toda una campaña que reveló acosos y violencia en las escuelas y desnudó además las agresiones letales en contra de algunas maestras y alumnas. El rector no acudió a dialogar con los estudiantes y en su lugar fue el abogado general, que amedrentó a las afectadas que demandaban de manera legal sobre las consecuencias de sus decisiones.

Ortiz Martínez fue de inmediato repudiado, pero eso no afectará en las votaciones porque los alumnos no sufragan de manera directa. Con el Consejo Universitario siempre a favor de la autoridad, Ortiz Martínez puede quitarse de encima esa preocupación.

Su rival más fuerte es el químico Carlos Barrera Díaz, cuya aspiración está impulsada por un viejo ex rector, Rafael López Castañares, quien la sustenta políticamente. Hasta el 2019 López Castañares fue director del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), y siempre ha estado ligado a la sombra del priista Isidro Pastor Medrano y por eso también a las penumbras de Arturo Montiel, Enrique Peña y Emilio Chuayffet.

El actual rector Barrera Baca se ha quejado en reuniones universitarias del químico Carlos, a quien ha señalado, por lo menos, de indócil, pero no pudo frenarlo en la decisión de competir por el rectorado.

Al final el gran ausente en los registros fue Javier González Martínez, un ex secretario de Administración con Jorge Olvera, así como ex secretario técnico con Barrera Tapia, y uno de los preferidos del palacio de Gobierno del Edoméx. González Martínez había desarrollado una relación profunda con el secretario de Gobierno, Ernesto Nemer. El secretario técnico ha sido vinculado con el grupo político del ex rector Olvera -ahora director de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México- y prefirió no inscribirse porque pesa sobre él una investigación que realiza la Auditoría Superior de Fiscalización por 129 millones de pesos relacionados con 5 contratos y 2 convenios modificatorios con el FOVISSSTE, según el proceso resarcitorio DGR/C/05/2019/R/14/085, que forman parte del esquema de la Estafa Maestra. El rector Barrera Baca deja una administración severamente cuestionada, pero también en proceso de auditorías internas que lleva a cabo el nuevo contralor universitario, Victorino Barrios, quien ha conseguido lo que ningún otro contralor universitario ha podido: revisar de manera concienzuda una administración intocable hasta su llegada y a la cual se le perdonaba todo. Barrera debería responder por el caso de las cuotas que la UAEMéx paga al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y que generó una deuda por mil 500 millones de pesos por impagos que después fueron renegociados. En 2020, esos pagos dejaron de hacerse de nueva cuenta. Eso y otros temas relacionados con la asignación de recursos perseguirán al rector saliente si no son correctamente solventados.

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