Miguel Alvarado

Toluca, México; 2 de febrero de 2021.

Los diez empleados adscritos al área educativa de la Dirección General de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fueron obligados a laborar de manera presencial hasta que seis de ellos se contagiaron por coronavirus. Fue hasta que los infectados obtuvieron constancias médicas en las que se confirmaba la presencia del coronavirus que fueron enviados a sus casas. Además, hay ocho personas privadas de la libertad con covid-19.

Esto, de acuerdo a denuncias anónimas realizadas a este reportero por trabajadores de otras áreas que temen contagiarse también.

Pero no son todos los casos. En psicología hay por lo menos dos empleados con covid y en las otras hay contagios pero no pueden precisar el número. Estas áreas técnicas están formadas por unos 200 trabajadores, sin contar con los empleados operativos, que pueden ser 300 más.

-¿Ahí en esas áreas ha habido muertos?

-Sí. Ha muerto un doctor, compañeros de administración, apenas en enero a otro lo encontraron muerto en su casa, dos días después de haber asistido a cumplir una guardia. Los casos los esconden y los niegan. No hay cuestiones de prevención ni control de acceso al penal, no nos dan mascarillas, no nos dan las condiciones adecuadas para trabajar. Lo que hace el penal es comprar gel, no sabemos si fumigan o desinfectan. Nosotros tenemos que comprar cubrebocas- señala otro de los denunciantes.

A los trabajadores les hicieron llegar un protocolo, desde la Dirección General de Prevención, que dirige Jaime Echartea Mojica. Que guardaran la sana distancia, que pusieran aspersores, los cuales colocaron pero fueron muy pocos y ahora algunos están descompuestos. Y eso fue todo.

En la Dirección General de Reinserción Social recae el mayo peso del funcionamiento de los 22 penales estatales que existen en tierra mexiquense. Se compone de cinco áreas técnicas; la médica, la educativa, trabajo social y psicología. El titular del área de Readaptación Social es Juan de Dios Rodríguez Marín, quien no cumplió con la orden de trabajar en casa que se encontraba dentro de los mecanismos del semáforo rojo por el que atraviesa la entidad.

En esa dirección, más de la mitad del personal que se encuentra formado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos y maestros han tenido coronavirus y fueron obligados a presentarse a laborar a pesar de los síntomas de gripa que presentaban.

– Ahora, por lo menos el área educativa está colapsada- señala uno de los denunciantes- que señala su preocupación porque el contacto diario en el penal pone en riesgo a sus familias. Ahorita, que ven que el área educativa se colapsó, pues ya nos mandaron a nuestras casas. Pero no se vale porque estamos entre la vida y la muerte. Los infectados se diagnosticaron apenas la semana pasada, unos en la clínica Alfredo del Mazo y otros en Lerma.

– ¿Pero estos empleados se contagiaron adentro?

– Sí. Primero porque hay visitas a las personas privadas de su libertad. Y de ellos, hasta donde sabemos, en este momento hay ocho infectados que se aíslan en el Centro de Internamiento Contra las Adicciones. El año pasado murieron Guadalupe Buendía, La Loba, y su esposo, así como un médico que los atendía. Pero la mayoría de los casos el sistema los oculta. Los docentes, por ejemplo, tienen que asistir a dar sus clases todos los días y trabajar con los reos, lo que le llaman bajar a población, pues. El espacio de trabajo nos hacina, no guardan la sana distancia. Eso se suma a las irregularidades administrativas que se padecen de manera ya cotidiana, porque nos descuentan pagos que no son o trámites que en algunos casos llevan dos años y no avanzan en nada.

Al gobernador Alfredo del Mazo, sus brazos operativos no lo ayudan, concluyen ellos a rajatabla, y afirman que quienes trabajan en la Secretaría de Seguridad son las más inseguras en esta pandemia.

-Y ahora que están infectados, ¿qué dijeron las autoridades?

-A los enfermos, que se vayan a sus casas. Y eso por la constancia que expidió el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), en donde los afectados resultan positivos. Si no, nos habrían seguido obligando a trabajar.

Por eso piden ayuda al gobernador Alfredo del Mazo, porque las opciones se reducen a eso, a pedir ayuda para que intervenga en la crisis que algunos están pasando y que les ha costado la vida.

La sobrepoblación carcelaria del penal de Santiaguito alcanza el 200 por ciento. Uno de los sectores más cerrados en el periodo de la pandemia es el del sistema de seguridad carcelario, que para finales de mayo de 2020 reportaba 16 muertos por coronavirus: 10 custodios, 4 reos, un médico y un abogado en los 22 centros penitenciarios de la entidad, que albergan a unas 30 mil personas privadas de la libertad, lo que significa una sobrepoblación de casi 140 por ciento, pues la capacidad real de los centros está diseñada para 13 mil reos. Además, había 38 reos detectados con coronavirus.