Miguel Alvarado

Toluca, México; 21 de enero de 2021.

Manuel López Vázquez tiene 80 años y está preso en la cárcel de El Amate, en el municipio de Cintalapa, perteneciente al estado de Chiapas, acusado por el contador Hernán López Pérez del despojo de una tierra de 10 hectáreas, contenidas en la parcela ejidal número 822 Z-1 P 1/1, que en términos económicos significa poco más que 10 millones de pesos.

López Vázquez había heredado esa tierra de su padre, Rafael López Cruz, quien le había entregado la propiedad, que compartía junto con otros dos de sus familiares, que ahora han fallecido. Cuenta con todos los documentos que le reconocen como legítimo dueño, pero se encuentra en la cárcel desde el 7 de octubre de 2019, cuando fue desalojado por la fuerza policiaca.

Las tierras que le pertenecen a López Vázquez le fueron disputadas por Hernán López, un contador con influencias en el gobierno de Chiapas y además miembro del comisariado ejidal de Terán, Chiapas, lugar en el que se localizan las hectáreas, cuando este último presentó un documento en el que aparecía como dueño. Se trataba de una cesión en la cual él era el beneficiario y la cual, supuestamente, el padre del señor López Vázquez le daba a él esas hectáreas.

Al ver que sus tierras estaban en peligro, López Vázquez promovió un juicio agrario. En la exposición de alegatos fechada el 5 de abril de 2017, parte del Expediente 173/2013, dirigido al magistrado de Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, se expresa que Hernán López presentó documentos falsificados para probar que él era propietario de las tierras, pero en ellos suplantaba la firma del dueño original. Fue ayudado además por la Asamblea General del Ejido Terán, lo cual constituye un acto ilegal pues la Ley Agraria señala que los miembros del comisariado ejidal no podrán adquirir derechos sobre parcelas mientras estén en funciones. En ese momento, Hernán López era miembro del comisariado ejidal.

La resolución que se tomó en el juicio agrario despojó al legítimo dueño de sus propiedades, y el 9 de agosto de 2017 los resolutivos Cuarto y Quinto de la Sentencia Definitiva concluyeron lo siguiente: “Se declara que es a Hernán López Pérez a quien le asiste el mejor derecho para poseer la parcela ejidal número 822 Z-1 P 1/1 con una superficie de 10-16-34.44 hectáreas, amparada con el certificado parcelario número 209768 ubicado en el ejido Terán, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, y se ordena al dueño legal desocupar y entregar la propiedad.


El profesor Marcos López dice que su padre, por defender su legítima propiedad, decidió quedarse a vigilarla. Eso fue aprovechado por sus contrario para obtener una orden para detenerlo y encerrarlo, acusándolo de haber usurpado las tierras.

-En ese proceso el contador Hernán López usó firmas falsificadas de mi abuelo. Además, Hernán López ha pagado dinero para que mi padre no salga de la cárcel- dice el profesor. Lo anterior quedó demostrado en dos de tres peritajes realizados al respecto, los cuales dan fe de la falsedad de las firmas, que supuestamente pertenecían a Rafael López Cruz -padre de Manuel López Vázquez- que aparecen en el documento base de la acción.

Hernán López presentó testigos que afirmaban que el abuelo de López Vázquez les había firmado una cesión el 28 de diciembre de 1989, pero ese documento no menciona el lugar de los hechos y lo que se narra en él no pudo ser demostrado por los testigos, uno de los cuales es, además, familiar de Hernán López.

La tierra siempre fue trabajada por Manuel López Vázquez -de ascendencia zoque y originario de Terán, Chiapas- y ahí sembraba frijol, chile, maíz y también al pastoreo. Él siempre se ha dedicado al campo y no sabe leer ni escribir. Permanece en prisión en espera de condena. Su caso es uno de los miles que hay en México que mantienen en la cárcel a personas sin sentencia. El terreno que le ha dado de comer y le ha permitido sostener a su familia ha pasado ya a manos de Hernán López, quien planea venderlo al gobierno de Chiapas. Cada hectárea, dice el hijo de Manuel, vale poco más de un millón 300 mil pesos.

-Nosotros sabemos que mi papá puede seguir el juicio que le abrieron por despojo desde su casa debido a la edad que tiene- cuenta el profesor Marcos López, quien radica con su madre en Puebla debido a su trabajo, y apunta que su padre tiene padecimientos del estómago, hipertensión y artritis reumática, y necesita de una dieta especial que en Los Amates no le procuran.

Al entrar a la prisión lo pusieron a barrer y trapear, trabajos que tampoco debe hacer debido a la edad. La familia debió entregar 15 mil pesos como pago para que los presos que controlan el penal y los directores de aquella cárcel lo dejaran en paz.

Pero Manuel Vázquez tiene una oportunidad de llevar el proceso que lo mantiene encarcelado desde el domicilio que alguien pueda proporcionarle, pues se ha quedado sin hogar legal. La búsqueda de la familia en tal sentido se ha encontrado con que nadie quiere apoyarlos y también por esa razón sigue recluido. El profesor Marcos López apunta que su padre se encuentra solo en Chiapas porque a él y a su madre les es casi imposible trasladarse con regularidad hasta Chiapas.

“Quiero que esté tranquilo, cómodo, que pase sus últimos años sin sobresaltos. Por ahora se encuentra bien de salud, pero por su edad puede enfermarse de un momento a otro. Si alguien puede ayudarnos en eso de encontrar un domicilio para mi padre, podríamos ver para que saliera más rápidamente”, dice el profesor, quien apunta que un abogado solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el momento ha resultado inefectiva.

Deja un comentario