Acorralaron a los jóvenes y luego les cerraron el paso, descendieron de la patrulla y sin mediar palabra se les fueron encima. Querían sembrarles droga pero su resistencia encendió la cólera que más tarde se traduciría en cientos de patadas y puñetazos para ambos; electrochoques y jaloneos a Johnatan que le causaron daño grave en sus riñones, corazón y le generaron parálisis. Hoy su vida pende de un hilo en una cama del hospital Nicolás San Juan de Toluca.

Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 17 de diciembre de 22020. Primero fue golpeado y luego electrocutado en por lo menos diez ocasiones por cinco policías de la Secretaría de Seguridad estatal. Johnatan Iván Santiago regresaba con su primo, Érick Alejandro Esquivel, de jugar basquetbol en una cancha de la colonia Azteca, en Ceboruco, Toluca, cuando los estatales comenzaron a perseguirlos.

Los uniformados viajaban a bordo de la unidad ME-041-A1. Primero acorralaron a los jóvenes. Les cerraron el paso, descendieron de la patrulla y sin mediar palabra fueron tras los jóvenes, de 26 y 19 años respectivamente, el primero estudiante de la maestría en Criminología y el segundo en preparatoria.

Sandra Elena Arroyo Méndez, madre de Johnatan, fue notificada a las 23:30 de ese día. A través de una llamada telefónica su esposo le explicaba que Johnatan había sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense y cinco horas después un nuevo timbrazo alertaba el grave estado de salud de su hijo; ahora intentaban salvar su vida en una cama del Hospital Nicolás San Juan.

A pesar de que ambos fueron arrestados y subidos a la patrulla, en el camino fue liberado Érick, pero no tuvo la misma suerte su primo. Con el afán de extorsionarlos, los policías intentaron –fallidamente- sembrarles droga, pero su resistencia encendió la cólera que más tarde se tradujo en cientos de patadas, puñetazos y electrochoques, daño en riñones, corazón y le generó una parálisis.

Johnatan efectivamente fue trasladado a la Fiscalía a declarar, pero no pudo hacerlo pues para entonces estaba ya inconsciente.

“Todo el tiempo lo estuvieron golpeando, lo amarraron con su sudadera y lo jalaban como si fuera perro y se burlaban de él… pero él ya no se podía parar”, relata la señora Arroyo, quien clama por justicia y pide que el caso de su hijo no quede impune. Si bien a él no le tocó cárcel, otras 13 mil personas han sido privadas de su libertad a través de falsas detenciones, abusos, capturas arbitrarias y violaciones a sus derechos humanos.

La otra versión

La historia de los jóvenes fue rebatida por la Fiscalía, que en un comunicado explicó su punto de vista. Primero, la instancia dice que la Coordinación General de Grupos Tácticos no hace uso de armas de electrochoques tipo «taser».

Después, apuntó que el 14 de diciembre, uniformados estatales se encontraban realizando patrullajes preventivos por la calle Ceboruco, colonia Aztecas, en Toluca, pero fueron agredidos verbalmente por dos jóvenes. Por este motivo los elementos detuvieron su marcha para llevar a cabo una inspección.

Érick «N» accedió voluntariamente y no tenía nada. Fue liberado en ese momento, pero Jonathan «N» mostró resistencia, agresividad. Tenía hierba verde seca, con características similares a la marihuana, por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición ante la Fiscalía Regional de la capital mexiquense. Ahí se presentó quien dijo ser el padre de Jonathan y  pertenecer a la Guardia Nacional, intentó ofrecer dinero para obtener la libertad de su hijo.

En el momento que los uniformados rechazan el efectivo, el joven comenzó a mostrar síntomas de malestar, por lo que las autoridades de la Fiscalía giraron un oficio para certificar la salud del detenido, que fue trasladado por los policías estatales a un hospital ubicado en San Lorenzo Tepaltitlán.

Las primeras indagatorias refieren que intentó desarmar a uno de los elementos, y que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El 15 de diciembre año el MP giró un oficio en el que decretó la liberación del joven.

Ese mismo día el Congreso local dictaminó una Ley de Amnistía que permite la liberación de aquellos presos que fueron acusados de delitos no graves y aplica destacadamente para personas de escasos recursos, indígenas, mujeres y jóvenes; sin embargo, dicha ley no contempla los delitos de alto impacto..