Redacción VcV

Toluca, México; 28 de noviembre de 2020. Un monto de 300 millones de pesos es el que reclaman ejidatarios de San Buenaventura, en Toluca, como indemnización por el paso del tren interurbano México-Toluca, y por eso han impedido obras en los tramos que pasan por sus propiedades.

El paso del tren interurbano México-Toluca ha afectado zonas ejidales a lo largo de su trayecto, las cuales en distintas etapas han protestado y bloqueado las obras, que hasta la fecha han costado a la Federación unos 90 mil millones de pesos, lo que la convierte en la obra más cara en la historia del Estado de México, incluso por encima del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, cuyo costo final se calcula en 75 mil millones de pesos.

Ayer, ejidatarios de San Buenaventura, pertenecientes a Toluca, impidieron la realización de trabajos e instalaron un campamento para exigir el pago de las indemnizaciones correspondientes. Humberto Pineda Romero, presidente del comisariado ejidal de San Buenaventura, en la capital del Estado de México dijo que “el gobierno federal ya sabe que nosotros únicamente queremos el pago . A nosotros nos da gusto que el tren sirva a la gente. En ningún momento hemos estado en contra, al contrario, estamos a favor, pero que esté consciente el gobierno federal que al ejido no se le ha pagado”.

Ese pago incluye terrenos localizados en las calles de Reyes Heroles hasta Laguna del Volcán, en la delegación de San Mateo Oxtotitlán. 

-Ya fuimos a la Mañanera, ya hicimos el paro y no creo que nuestro presidente no esté enterado, ya que se le dejó la documentación en su momento. Ayer violaron el amparo sobre el plano de la construcción del tren. La autoridad debe ser consiente de que hasta que no se le dé solución, no pueden seguir las obras. Por eso estamos aquí- dijo Pineda.

El campamento de los quejosos fue levantado a un lado de una de las enormes ballenas que dan forma a las vías del tren, y ahí pasaron la primera noche, después de que se percataran que había trabajadores. Ahora resguardan uno de los gatos hidráulicos que los obreros dejaron. De todas formas, con pagos o sin ellos, las tierras ya no son de los campesinos.

-En el padrón aparecen 283 personas con derechos legalmente reconocidos. Esas personas y sus familias dependen del campo. Ayer se presentó una persona, la cual viene de parte del jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero queremos hablar con quienes tengan poder de decisión para quitarnos de todo esto. Nosotros respetamos, pero también queremos que nos respeten, salvaguardando los bienes de nuestro ejido- dijo Pineda.

“¡Si no hay pago, no hay tren!”, gritaban quienes están en el campamento.

Por su parte, el jurídico de los ejidatarios dijo que pese a que hay una suspensión de plano decretada por un juzgado federal, los trabajadores del tren siguen realizando sus labores, y que estarán bloqueando el tiempo que sea necesario.

-Todo está estancado -refiere el despacho de abogados delos afectados-, y tomaremos medidas para resguardar lo que le pertenece al ejido. El pago de los 300 millones de pesos es global. Ese monto resulta de un avalúo realizado por expertos, se trata de la totalidad de las tierras afectadas. No hay plazo para realizar los pagos.

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