Redacción VcV

Toluca, México; 20 de octubre de 2020. El tramo carretero que conecta a Toluca con Atlacomulco está en manos de un particular, aunque se trata de la autopista Panamericana, construida con recursos públicos, ocupando ejidos que donaron las comunidades que con ello creyeron que podían estar mejor comunicadas.

Construida en los años treintas del siglo pasado mediante un tratado internacional que involucra a todos los países de América, se pactó que sería una carretera libre, pero a finales del siglo XX el gobierno federal cede los derechos al gobierno del Estado de México, el cual, a su vez, la concesiona a intereses privados.

En 1997, dice Edith Cruz Cecilio, cuando comienza la construcción de las casetas de cobro que actualmente tiene, aparece un movimiento ciudadano que agrupa a quienes donaron los terrenos y ellos, enojados por la privatización, se oponen a este proceso.

-Entonces hubo persecución político. A algunos compañeros los metieron a la cárcel. Hubo hostigamiento y amenazas. Sin embargo, se logró un adendum en el documento de la concesión, lo cual quiere decir que habría pases gratuitos para quienes viven en la zona. Pero hay que aclarar una cosa: el derecho de vía de la Panamericana ocupa 40 metros de ancho. O sea, el cuerpo que se construyó posteriormente, y que es “lo privado”, está dentro de los predios del derecho de vía de la Panamericana. Además, esta invasión no se ha indemnizado en su totalidad.


Algunas comunidades y ejidos aceptaron algunas indemnizaciones, que se pagaron malamente en aquel tiempo, las cuales no representan el total calculado. Otros ejidos no aceptaron un solo peso porque argumentaron que la donación de los predios era con el objetivo de tener una carretera libre de cuotas.

-Esto significa que quienes tienen los terrenos de la concesión la defienden como si fueran suyos, cuando no lo son. Y esa es nuestra lucha: que la Panamericana sea libre, se modernice y esté en óptimas condiciones. Por esta carretera pasan todos los días miles de ciudadanos de todo el país y para nosotros es importante recuperar un bien que es del país. Nosotros decimos que no nos vamos a dejar y pelearemos por el territorio, porque es parte de nuestro ser- dice Cruz.

Los ejidatarios hacen un llamado al gobierno estatal para que regrese la carretera y reconozca que han hecho mal las cosas, y que han usado la represión en contra de los ciudadanos. También exigen que la administración de la carretera regrese al gobierno federal. Y le hacen cuentas: en la región norte de la entidad hay 2 millones 800 mil habitantes, pero los usuarios alcanzan hasta los 6 millones de habitantes. Y directamente, los afectados son entre 200 mil y 300 mil.  Esta carretera ha bloqueado la entrada a las comunidades y hace difíciles los accesos.

-Es un tema también de seguridad y de movilidad para nuestros habitantes. Es un tema social. No nos han dado ninguna solución desde 1997, no hay ningún acuerdo con nadie. Las solicitudes están en el Palacio Nacional, pero no hay respuesta alguna. La respuesta del Estado de México fue que nosotros no tenemos injerencia en el tema de la Panamericana y quien administra el tramo es Banobras. Pero uno revisa Banobras y ellos nos dicen que está en un fideicomiso, con un particular. Imaginemos cómo está el fideicomiso de la Panamericana.

Los comuneros, organizados en la defensa de la Carretera Panamericana, provienen de los municipios de Atlacomulco, Jocotitlán, Ixtlahuaca, Temascalcingo, Acambay, Morelos, Timilpan, Jiquipilco, San Felipe del Progreso, El Oro, Aculco, Polotitlán, Soyaniquilpan, Jilotepec, Chapa de Mota, Temoaya, Almoloya de Juárez y Villa del Carbón, y exigen mesas de diálogo urgente, pues no quieren llegar a conflictos mayores. No aceptarán ninguna propuesta que no implique libre tránsito.

Lo más preocupante, dicen, es que ampliaron la concesión por 21 años 10 meses más, contados a partir del 31 de mayo de 2031, para vencer el 31 de marzo de 2053.

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