Diana Laura Rojas Martínez

Toluca, México; 18 de septiembre de 2020. ¿México sigue siendo bárbaro? La vida en nuestro país parece poner resistencia a la transformación moral y ética de la población. Cada día en las calles, en los pasillos, escuelas y oficinas podemos ser testigos de atropellos a los valores y a las obligaciones. Parece que la vida se confabula ante la adversidad y a veces no es suficiente una explicación acerca de por qué no se pueden realizar las cosas.

Pareciera que el fin de todo es la obtención de beneficios como el dinero o favores de toda índole. ¿Cómo funciona, pues, la mecánica social en la que se inserta el sistema de justicia en México, que tan de mala forma conduce sus actuaciones?

En nuestro país existen seis tipos de clases sociales, las cuales podríamos clasificar de la siguiente forma: Baja-baja. Baja-alta. Media-baja. Media-alta. Alta-baja y Alta-alta, según una propuesta de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentada en el Programa de Protección al Consumidor 2013-2018, “en el cual dividió a la población mexicana (112 millones 336,538 personas) en seis clases sociales determinadas por sus “funciones, costumbres, situación económica y de poder”, con el fin estudiar el perfil del consumidor actual”.

La primera la componen los trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes, desempleados y quienes viven de la asistencia social. La segunda clase está integrada por obreros y campesinos. La tercera por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos. La cuarta enmarca a negociantes y profesionales que han triunfado. La quinta, a familias ricas de generaciones atrás y, por fin la última, clasifica a antiguas familias cuyas riquezas han sido acumuladas en varias generaciones. Sin embargo, las posesiones no deberían hacer diferentes a las personas ni tampoco la aplicación de leyes y reglamentos. Esto no significa que cada clase social atienda a su propia constitución, sus propios tratados o códigos, pues si bien es cierto que existe una clasificación de sectores poblacionales, también lo es que somos compatriotas, mexicanos con derechos fundamentales como el derecho a la vida, nombre propio, libertad de culto, un trabajo digno y gozar de las garantías constitucionales de forma total e irrevocable (1).

También tenemos derecho a la justicia libre de cuotas, de sobornos, de tráfico de influencias, de desigualdades y de toda discriminación.

Entonces, ¿será que el sistema penitenciario da a cada quién lo que le corresponde y es garante de la justicia?

Hemos despertado con una serie de noticias de ciertos delitos que ocurren día con día, que afectan a nuestra sociedad lastimando nuestro entorno, y que corrompen a la misma, por ejemplo; los narcotraficantes que gracias a su poder económico salen de prisión alegando detención ilegal. O las y los delincuentes de cuello blanco, que por el hecho de portar un traje, pertenecer a una clase privilegiada, tener influencias en un estrato social alto, no ingresan a prisión porque sus medios son suficientes para evadir las leyes y la procuración de justicia.

Un tema importante y en boga es el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el que incurren personas de alto poder adquisitivo que representan un flujo de capital relevante y que de igual manera evaden las leyes nacionales sin una consecuencia contra sus actos. Por consiguiente, eso da como resultado un nivel de corrupción alto, porque significa que pueden violar las leyes a través de funcionarios o servidores públicos a quienes corrompen en actos que desvirtúan las acciones legales correspondientes.

Pero, ¿qué hay de las personas sin recursos ante la procuración de justicia?

Las defensorías en México, no tienen la capacidad operativa suficiente por tanto, Ellas y Ellos son juzgados de manera deficiente debido a la falta de recursos para obtener una defensa profesional y lograr hacer valer sus derechos fundamentales, sean o no responsables de los actos imputados. Es importante resaltar que no se trata de quién puede pagar o comprar la ley, sino una reflexión acerca de cómo la corrupción imperante y del quebranto impune de la ley. No importa la condición en la que uno se encuentre, si se es de clase baja o alta, si la religión es diferente de la mayoría, si se es militante de un partido político o si pertenece a un grupo indígena. Tampoco si el cargo de trabajo es mejor que el de otros o si el color de piel es diferente o se tiene formación académica en un grado u otro. Se trata de que las y los jueces deben operar de forma imparcial, objetiva, formal y bajo el estricto seguimiento de las leyes y los derechos humanos.

Reflexionemos, entonces sobre el actuar ético profesional y el sentido de urgencia, los cuales representan lo mínimo para cumplir con las obligaciones que se adquieren como servidora o servidor público y como integrante de la sociedad.

*Maestrante en Criminología. Este texto fue escrito en colaboración con el Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo.

*(1) Los derechos humanos en la prisión mexicana.7/3079/7.pdf

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