Redacción VcV

Toluca, México; 15 de septiembre de 2020. Un tribunal en Toluca ratificó sentencia condenatoria por tortura a los implicados, los policías Édgar, Alan y Alejandro “N” en la masacre de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio de 2014.

Magistrados integrantes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, confirmaron la sentencia con modificativa agravante de cometerse por dos o más personas y en contra de mujeres. Durante la audiencia para resolver el recurso de apelación, se dictó y explicó la resolución, en la cual se confirmó la sentencia del juez de origen, de conformidad con el Artículo 4 bis fracción III del Código Penal, de 7 años 10 meses de prisión, destitución del cargo e Inhabilitación para ocupar cargo público por 7 años 10 meses.

A través de la plataforma Webex, se enlazaron la y los magistrados del Segundo Tribunal, así como las partes. El magistrado ponente señaló que el juez de origen no violó los derechos de los sentenciados, quienes se desempeñaban como servidores públicos. Además se impuso una sanción, acorde con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México.

Señaló que quedó acreditada la responsabilidad de los autores del delito, quienes amenazaron y torturaron a las tres mujeres de identidad resguardada, para obtener información a fin de que confesaran que pertenecían a un grupo delictivo.

Durante la audiencia, tanto el representante de la Fiscalía como la defensa presentaron sus agravios, mismos que fueron contestados por este Segundo Tribunal como infundados, ya que no aportaron mayor información para darles algún argumento a favor.

La de Tlatlaya es una de las ejecuciones masivas más graves en la historia de México y sucedió cuando un grupo de 22 personas esperaba en una bodega ubicada en el pueblo de San Pedro Limón, a que llegara un grupo de soldados, los cuales les habían vendido armas de manera ilegal. La armas estaban contenidas en tambos de basura que posteriormente fueron halladas, pero que en ese momento debían ser entregadas y cobradas. En el grupo de 22 personas había mujeres y también algunos miembros del crimen organizado, pero el resto eran civiles que habían realizado esa transacción para defender sus tierras de las mineras de la región, que han obtenido concesiones para extraer oro, sobre todo. Tlatlaya está ubicada sobre una región dividida en al menos seis polígonos minerales que ya han sido concesionados a mineras, las cuales esperan el mejor momento para iniciar su explotación.

Junto con las 22 personas se encontraba también un hombre a quien se podría identificar como Johnny Hurtado, el Pescado o El Fish, actual líder de la Familia Michoacana, y que habría puesto o señalado a las víctimas para que el comando de soldados que se acercaba los acribillara. Pruebas recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que el Fish habría sido escoltado por soldados para ponerlo a salvo, antes de las ejecuciones. Esta versión no es avalada por las investigaciones del gobierno mexiquense, que aseguró desde el principio que se había tratado de un enfrentamiento entre narcos y soldados, los cuales repelieron una agresión. Al día siguiente, el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, felicitaba eufórico a los soldados ejecutores, a quienes les llamaba héroes.

Ese día por la mañana, policías ministeriales o judiciales arribaron al lugar de los hechos y encontraron a tres mujeres vivas, testigos de los hechos. Las trasladaron a Toluca y en la capital las torturaron para obtener información. Esa es la sentencia que los jueces ratificaron este día.

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