Miguel Alvarado

Toluca, México; 31 de julio de 2020. Almoloya de Juárez forma parte del territorio dominado por la Familia Michoacana, que se ha extendido desde el sur del Estado de México hacia Toluca, la capital mexiquense. Que en los últimos meses se haya incrementado la violencia letal en ese municipio no es casualidad, ni tampoco que haya estado bajo el dominio de José Luis Chamorro, un líder del Sindicato Libertad Sindicato de Trabajadores del Transporte de México en Valle de Bravo, relacionado con ese cártel, que también operó las agresiones a una carroza funeraria en Villa Victoria, según informes de seguridad de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.

Chamoro fue detenido el 2 de junio de 2020 y por la tarde taxistas de Valle de Bravo ya habían cerrado los accesos a aquel municipio. Abrirlos le costó la vida a un oficial de la policía estatal, pero no impidió que el presunto narcotraficante fuera encerrado en el penal estatal de Almoloya de Juárez. Antes, taxistas que trabajan como halcones al servicio de la Familia Michoacana detuvieron y quemaron una carroza fúnebre en la carretera Toluca-Villa Victoria. La llegada de una avanzada del cártel de Jalisco Nueva Generación ha propiciado una guerra por las plazas en poder de los michoacanos, y en la que también se encuentran involucradas agencias mexiquenses como la Fiscalía, la policía estatal y las policías locales. Comunicada con Valle de Bravo, controlado por Medardo Hernández, alias “Lalo Mantecas” o El 100, uno de los tres jerarcas de la Familia Michoacana en el Estado de México, el municipio de Almoloya de Juárez da albergue al penal federal del Altiplano y al estatal de Santiaguito, y representa una ruta hacia el norte del estado, con salida natural hacia Querétaro y el valle de México.

La reunión de algunos de los capos y criminales más peligrosos de México, y fugas como la de Joaquín Guzmán Loera obligan a mirar a Almoloya. La cercanía con la capital del Estado de México -apenas media hora o menos- lo vincula con las actividades comerciales más importantes del valle de Toluca y lo comunica hacia todos lados. Pero en los últimos meses la violencia letal no proviene de los penales, y se ha trasladado a ras de piso, a sus calles, que parecen tranquilas, pero no-, por ejemplo dos hombres aparecieron muertos en El Yukón, cerca del restorán El Travieso, el 16 de febrero de 2020, sobre la carretera a Zitácuaro. Otras ejecuciones más recientes son las del policía ministerial Abel González Rojas y sus dos niños, que murieron en una emboscada el 12 de julio, en el pueblo de Yebusiví, entre Almoloya y Villa Victoria, apenas tres días después de que en Toluca aparecieran 8 narcomantas en las que la Familia Michoacana le “declarara la guerra” a la Fiscalía. Antes, el 18 de noviembre de 2019, otro asesinado en el barrio de San Pedro era encontrado.

Que Almoloya de Juárez sea paso del narco no es ninguna noticia, como tampoco lo es la inefectividad de las autoridades para detener el tráfico de droga o de armas. En 2016, Jorge Mendoza, el entonces director de Seguridad municipal de Almoloya decía en una entrevista al reportero local Filiberto Ramos, que “vigilamos de forma permanente, sabemos que la carretera es importante y en ocasiones nos hemos topado con narcos”.

El 5 de julio de 2019, se decomisaron, durante un cateo, armas y drogas en el fraccionamiento Colinas de Sol.

A nivel nacional, Almoloya de Juárez ocupa el lugar 177 en la lista de los municipios más violentos del país, por lo menos hasta el 2018, cuando el estudio “La violencia en los municipios de México”, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal decía que el municipio tenía una tasa de homicidios dolosos de 9.60 por ciento. Sin embargo, apenas registraba ese año 17 asesinatos, un secuestro, 14 violaciones, 349 delitos por lesiones y 8 extorsiones.


Apenas el 25 de mayo dos hombres habían sido capturados, acusados de cometer un triple asesinato en Almoloya de Juárez, cinco días antes. Sus víctimas, Venancio Conzuelo Castillo y Graciela Contreras Contreras, eran los padres del titular de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), Édgar Conzuelo.

Venancio Conzuelo había sido alcalde de aquel municipio y se encontraba con su esposa y otra persona en el rancho El Progreso, donde vivían y trabajaban. El 20 de mayo los asesinos, José Antelmo y Roberto, de 18 y 22 años, respectivamente, los asaltaron y los mataron disparándoles a bocajarro. Días antes, hubo un enfrentamiento a balazos en el fraccionamiento Rancho San Juan, y a principios de mayo la policía decomisaba armas largas y 350 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Además, el alza en los casos de feminicidio se suma a la problemática de la violencia, pues la Red Nacional de Observatorios asegura que en Almoloya de Juárez se ha disparado el fenómeno, que hasta febrero de este año tenía una tasa arriba de la nacional, que para esa fecha era de 12.8 por ciento.

El asesinato de dos mujeres, el primero el 26 de julio, una ejecutada con un disparo en la cabeza, en la desviación al pueblo de Taborda y el segundo, el cuerpo de una mujer encobijada y envuelta em plástico, en la colonia Santa Juana, primera Sección, cuatro días después, evidencia la violenta realidad del municipio, que en todo su territorio apenas rebasa los 150 mil habitantes y cuyas actividades principales están relacionadas con el campo. Además de los casos ya mencionados, en San Pedro La Hortaliza una mujer fue hallada muerta en un paraje, con signos de violencia.

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