Miguel Alvarado

Toluca, México; 3 de julio de 2020. De pronto Ayotzinapa está resuelto y al mismo tiempo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se deba el lujo de enterrar, ahora sí bien enterrada, la verdad histórica de Enrique Peña por segunda vez, porque ya había sido acuchillada, destazada y calcinada por las investigaciones del GIEI, que comenzaron en 2015. Esa verdad histórica no había aguantado ni siquiera los primeros cuestionamientos periodísticos, y después la forensia de los argentinos y del Grupo Independiente terminaron de hundirla.

La frase de Gertz con la que cerró su ponencia informativa en la que avisaba al país acerca de los avances de la investigación sobre los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, el 30 de junio pasado, “se acabó la verdad histórica”, tiene una carga muy parecida a la de Jesús Murillo Karam, cuando en 2014 daba a conocer la ahora muerta por doble partida verdad histórica. Las frases de los dos funcionarios, primero Murillo con su “ya me cansé” y ahora Gertz están ensuciadas de soberbia, aunque parece que es una soberbia nacida del temor.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había emplazado a la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa para dar algún tipo de resultados en febrero de 2020. Emplazar, en los términos de un presidente como AMLO, significa que se dan resultados o se dan resultados en la fecha fijada. Y así fue, la Comisión se movió por todo Guerrero y alcanzó a cumplir algunos de sus objetivos, los cuales estaban centrados en descartar las 200 opciones que se abrían ante ella. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En la lógica de Gertz, quedan fuera de responsabilidad las fuerzas armadas, el nefasto 27 Batallón de Infantería de Iguala, al que Alejandro Encinas visitó el año pasado, lo recorrió y por fin vio que no había nada. Esta visita la realizó en compañía de algunos padres de los desaparecidos, que no dijeron nada, pero tontos no son. Allí, militares y la Cuarta T terminaron de darse la mano y entonces los soldados comenzaron a colaborar, como se publicará más adelante, en una investigación en la que estaban involucrados. Tanto lo estaban que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó su participación cuando la noche del 26 de septiembre y parte del 27, al otro día, ocuparon el C4 y enviaron, en tiempo real, la misma información a funcionarios del gobierno de Guerrero, a sicarios y al equipo cercano del ex gobernador Ángel Aguirre. O qué, ¿ya se les olvidó el nombre de Marcos Esteban Juárez Escalera, alias Caminante?

La captura de Ángel Casarrubias Salgado, el capo de los Guerreros Unidos que habría dado la orden de desaparecer a los normalistas, benefició a algunos que estaban señalados de participar en la noche de Iguala. La PGR, en 2014, había conseguido la dirección exacta del Mochomo en Metepec -Fraccionamiento La Joya número 8- y sabía, como lo supo después la Fiscalía, que se movía en Metepec dese entonces. Aún así, el operativo para aprehenderlo careció de una orden de captura, por lo que el capo estuvo a punto de salir libre. Después, una historia de sobornos en los juzgados trató de justificar el yerro. Al final no importó, pues el Mochomo fue recapturado a las puertas del penal de Almoloya.

Los beneficiados, decíamos, con la captura de Ángel Casarrubias Salgado son, en primera instancia, la minera de Los Filos, propiedad ahora de un conglomerado de empresas canadienses formado por GoldCorp, LeaGold y Equinox, algo así como un dream team del extractivismo a cielo abierto. Los Filos, una mina en donde hay 60 millones de toneladas de oro, es clave para entender el panorama de confrontación narca en Guerrero y los movimientos sociales surgidos de la defensa de la tierra y de los desplazamientos masivos. La Fiscalía tampoco volteó a ver la entraña de la normal rural, la historia que explica los sucesos del 26 de septiembre y que sencillamente nadie contó a pesar de que se trata de la piel viva de la escuela.

La de Ayotzinapa es una historia que para la Fiscalía General de la República ya está resuelta. Gertz Manero ya sabe qué les pasó a los 43 normalistas, quiénes dieron las órdenes, cómo fue y las razones de las desapariciones. En una entrevista a modo con el diario La Jornada, hace dos días, dijo que la razón de que los hubieran desaparecido era la confusión de los Guerreros Unidos, que simplemente se equivocaron y creyeron que los estudiantes eran integrantes del cártel de los Rojos, y que algunos narcos iban en el grupo que entró a Iguala esa noche. Gertz, en un apunte para bobos, dice que la región de Iguala es un paso de droga codiciado por todos los grupos criminales que operan en aquella entidad. Este lugar común elegido por la Fiscalía para sostener su investigación tampoco es nuevo. El país entero sabe que la producción y el tráfico de drogas representa un problema de seguridad nacional. Que los Guerreros Unidos se confundieran es una versión que la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam recabó en su momento.

El fiscal también se equivoca cuando no dice que de las 46 órdenes de aprehensión que se solicitaron, apenas cuatro han sido concedidas y que 23 de ellas estarían dirigidas contra implicados que en su momento ya fueron interrogados, todos pertenecientes al ámbito de los gobiernos municipales que ya habían quedado libres por alguna razón. El ex funcionario de mayor calado al que se le fincarán responsabilidades será Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Canadá casi desde principios de año, y cuyo pasado mexiquense, en los inicios de la administración estatal de Enrique Peña, lo liga con casos como el de la niña Paulette Gebara, a quien encontraron muerta, perdida entre los colchones de su cama luego de que perros, policías y sus padres la buscaran por más de una semana, en 2009, en un fraccionamiento de Huixquilucan.

De Lucio era un funcionario que se ganó el sobrenombre de “Superpolicía” en el Estado de México y trabajaba en la Procuraduría mexiquense como coordinador, y era parte de la pandilla que Enrique Peña y su tío, Arturo Montiel, formó y que llamó los Golden Boy’s, y que no era sino un grupo de jóvenes ambiciosos y amorales que coparon los cargos de poder, primero en el Edoméx y después en la Federación. Ahí se integraron Luis Videgaray, un tipo que llegó a la entidad cuando Luis Miranda Nava, secretario de Finanzas con Arturo Montiel como gobernador, quiso transformar la deuda pública local en UDIS. Ese diseño se lo encargaron al despacho Protego, propiedad de Pedro Aspe, ex secretario federal de Hacienda y cerebro económico y financiero de Carlos Salinas de Gortari.

En las filas de Aspe, a quien se le conoce como el Padre de la Deuda Pública, estaba el iracundo Luis Videgaray, un joven prodigio cuya capacidad para el manejo de números solamente era equiparable a su mal genio y delicada piel. A él le tocó realizar esa operación, la cual debió regresar a su estado original la deuda pública cuando el sistema de UDIS demostró que no servía para nada. Ellos, dos de los Golden Boy’s de Peña, son ahora los ex funcionarios de su equipo más buscados por la Cuarta T. Que puedan ser encarcelados, como justamente merecen, será otra cosa. De Lucio cargará con Ayotzinapa para siempre y será él quien reciba los golpes.


La versión de Gertz Manero deja fuera por ahora las responsabilidades del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que no ha hecho el intento por escapar y hasta columnista de Milenio se volvió. Aguirre está tranquilo, tiene amigos cercanos en la Secretaría de Gobernación, más que amigos, compadres.

Pero los grandes damnificados son los muertos, de los que ya nadie habla ya porque los espacios públicos se les han acabado, y las palabras, seis años después, perdieron la fuerza con las que fueron lanzadas en un principio. Uno de ellos es mexiquense, nació en Tecomatlán, en el municipio de Tenancingo y se llamaba Julio César Mondragón Fontes. Desollado en vida, la Comisión para la Verdad ha ignorado a sus familiares de manera consciente y a propósito, y les ha dado largas en asuntos tan vitales como la entrega de los expedientes que conforman el caso, los cuales están diseminados en juzgados del país. A Julio César Mondragón no lo mataron una vez. Los gobiernos de Peña y de AMLO se encargan de mantenerlo muerto por razones que la familia no entiende y que los encargados de encontrar a quienes le arrancaron el rostro no explican. Quienes no tienen cara son ellos por excluir a los Mondragón y no darles acceso a los informes esenciales.

Algunas de las actuales revelaciones de Gertz Manero sobre Ayotzinapa pueden consultarse en el expediente de la PGR que terminó de enterrar la Fiscalía. Los jirones de ese cadáver recién muerto todavía asoman y llevan la etiquetas de los soldados, de las mineras, de Ángel Aguirre y de la infiltración tan silenciada en la normal, entre muchos otros que a Gertz se le olvidó mencionar.

Deja un comentario