Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 25 de febrero de 2020. Siguen y seguirán, eso es un hecho. El 20 de diciembre del año pasado comenzaron las protestas en el Estado de México contra el alza en precios del transporte público luego de que el titular de Semov, Raymundo Martínez Carbajal, anunciara un aumento de hasta 14 pesos por el servicio en su distancia mínima.

Luego de supuestas negociaciones entre Carbajal Martínez y representantes de los medios de transporte de mediana capacidad, se acordó que la tarifa quedaría en 12 y no en 14 pesos; sin embargo, los mexiquenses no aceptaron esta determinación, arbitraria por cierto si se considera que no fue votada por la población, y entró en vigor el primero de enero desobedeciendo también la prórroga de la Semov porque esta debía aplicase hasta el primero de febrero por considerar que los mexiquenses “estarían gastados” tras las fiestas decembrinas.

Y sin embargo nada. Desde el primer día del año se pagan 12 pesos por el servicio tantas veces criticado y muchas veces evidenciado por sus paupérrimas condiciones de seguridad, además de los tantos accidentes en que se han visto involucrados.

La situación provocó el descontento de la sociedad derivando en la organización de distintos frentes que, hasta el momento, han intentado revertir la medida. Uno de ellos, y quizás el más popular de todos, es el colectivo #NoAlTarifazoEdoméx quienes hasta este martes han convocado a tres movilizaciones y diversas protestas. El motivo: exigir la derogación del aumento del transporte público “por ser un perjuicio hacia la economía familiar y, además, ser violatoria de derechos fundamentales como el de la movilidad, el derecho a la información pública y la seguridad jurídica. Esto sucede en uno de los Estados más poblados del país, con muy altos índices de violencia, desigualdad y pobreza”, como han expresado repetidamente.

Como la mayoría de protestas en el país –y ésta no fue la excepción- germinó en medio de una serie de acosos contra el movimiento y sus representantes; y entre señalamientos y vigilancia por parte de cuerpos policiales municipales y estatales además de elementos de seguridad sin uniforme, ni identificación, como ya han denunciado.

Surge además “acompañados de acciones de intimidación, así como agresiones a la protesta social que implicaron la grabación y señalamiento de asistentes a la movilización, el retiro de propaganda y agresiones directas con el uso de escudos”.

El asunto ha llegado a distintas instancias públicas como el Congreso local. Ahí, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Maurilio Hernández, recibió el pliego petitorio de dicho colectivo pero nada. Otros medios han señalado la manera en que el morenista huyó de los ciudadanos y la prensa local a fin de evadir sus cuestionamientos y peticiones.

Recientemente denunciaron las agresiones e intimidaciones por querer frenar el movimiento ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) donde, además, incluyen al rotativo Reforma por una nota periodística donde se señala a siete integrantes del colectivo por estar supuestamente involucrados en el daño del Congreso Local. El medio dio información con nombres y apellidos, lo que consideraron va en detrimento de sus derechos humanos. Las protestas siguen y seguirán. Este martes se divulgó una amplia lista de firmantes contra la medida de la Secretaría de Movilidad. El grupo exigió “a las autoridades mexicanas en todos los niveles que no se criminalice la protesta social que se está realizando en torno a esta imposición tarifaría, que se garanticen los derechos a la libertad de expresión, a la manifestación, a la protección de datos personales y a la presunción de inocencia, así como se castiguen los actos violatorios ejercidos por la policía municipal, estatal y otros cuerpos de seguridad fomentado por los servidores públicos como lo es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y Maurilio Hernández González”.

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