Miguel Alvarado

Toluca, México; 29 de enero de 2020. El transporte público del Estado de México es usado diariamente por 8 y medio millones de personas, según la Secretaría de Movilidad, y el aumento al costo del transporte público evidenció la indefensión en la que se encuentran los usuarios, así como la simulación que diputados locales implementan para hacer creer que repudian esa alza, pero que no están dispuestos a hacer nada más que enviar un exhorto al gobernador para “pedirle” que baje los precios.

El transporte público se ha convertido en uno de los más graves problemas del Estado de México, junto con la inseguridad, la pobreza y el narcotráfico. El aumento al pasaje de 10 a 12 pesos en camiones y en taxis de 52 a 60 pesos por dejada, ubican al Estado de México como uno de los más caros en ese rubro, pero también como uno de los transportes más ineficientes e inseguros del país.

El nuevo cobro fue autorizado por el gobierno de Alfredo del Mazo, que no hizo un solo intento por frenar el aumento impulsado por los empresarios del transporte y el alza comenzó a cobrarse desde el primero de enero, a pesar de que los camiones no contaban con el soporte legal requerido para hacerlo, como lo eran los anuncios sobre nuevas tarifas. La solución la dio el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, cuando aconsejó a los usuarios negarse a pagar ese aumento. En lugar de sancionar, el secretario estatal prefirió un consejo.

Después de una serie de parafernalias, sobre todo del grupo de diputados locales de Morena, que en una reunión de la Cámara aparecieron con cartelitos repudiando el “tarifazo”, se realizó hace dos días una reunión entre Maurilio Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura y Raymundo Martínez. Al término de ella, el secretario estatal señaló que en ningún momento el diputado Hernández solicitó atender el tema de las tarifas.

Después, se propuso un subsidio para estudiantes que estuvieran inscritos en programas, así como otro para discapacitados. Hoy, el secretario Martínez dijo que a los diputados de Morena “les he dicho hasta el cansancio que los sistemas de movilidad de corta y mediana capacidad requiere de apoyo, pero históricamente no lo ha tenido, es decir, para efectos de lo que hoy estamos viendo en el presupuesto actual pues evidentemente no hay un recurso para eso, habida cuenta de que esto se debió haber abalizado previo al diseño. […] es un tema que lamentablemente se ha descuidado”.

El secretario dice que el aumento del pasaje conlleva responsabilidades para los empresarios del transporte, y eso implica “desde la renovación de unidades hasta su equipamiento y el paso por el asunto de la tecnología; lo que se refiere a la conformación de nuevos corredores y ruta alimentadoras. El caso de Toluca es muy señalado pues aquí pronto estaremos viendo el tema del tren interurbano, que va a revolucionar la movilidad en la capital y en la zona metropolitana.

El ayuntamiento de Toluca también tomó posición en torno a los aumentos y se dijo dispuesto a buscar una solución para el problema. El alcalde Juan Rodolfo Sánchez y Raymundo Martínez comenzaron reuniones públicas para hallar respuesta a la agilización del transporte desde un Comité de Movilidad de Toluca, del cual también forma parte el gobernador, con el cual se comprometió a “mantener una alianza”.

Por su lado, el órgano defensor de los empresarios del transporte, la Cámara Nacional del Autotransporte y Turismo (Canapat), criticó a lo diputados la postura de “defensa” de los usuarios, y dijo que los legisladores eran ignorantes porque no sabían de los costos que representaba operar empresas de este tipo. La Cámara lamentó que los diputados enviaran un exhorto al gobernador Alfredo del Mazo, el cual no ha servido absolutamente de nada y ni siquiera ha arrancado un comentario al Ejecutivo. La Canapat es la misma instancia que se queja por la toma de camiones en la región de Ixtapan de la Sal y Tenancingo, en el Edoméx, por parte de normalistas rurales de Tenería, los cuales secuestran unidades para presionar al gobierno de Del Mazo a cumplir con promesas de liberación de plazas. Los empresarios, de este lado de la moneda ahora, se dicen rehenes de una disputa entre normalistas y el gobierno del Edoméx.

La organización ecologista Greenpeace, así como organizaciones sociales demandaron a Del Mazo y a Raymundo Martínez establecer corredores estructurados con rutas alimentadoras, carriles exclusivos, estaciones accesibles y un entorno seguro con énfasis en un diseño con perspectiva de género; crear un sistema de tarifas integrado que pueda usarse en los diferentes modos de transporte público y tarifas preferenciales para grupos vulnerables de población, así como diseñar un programa para reducir en al menos 80% los delitos que ocurren dentro del transporte público al término de la actual administración de gobierno.

“Este aumento no tiene justificación. Actualmente el transporte público en el Edomex es de los más caros en el país y que ofrecen la peor calidad. Las precarias condiciones bajo las que opera, hacen que millones de usuarios tengan que viajar en condiciones de inseguridad, exponiéndose a la delincuencia, y padeciendo hacinamiento de un servicio ineficiente”, señaló Dante Álvarez Jiménez, de Metrobus “Toluca Ya”, al explicar que esto se debe al anticuado e ineficiente esquema de concesiones “hombre-camión”.


Carlos Samayoa, responsable de temas de movilidad en Greenpeace, lanzó a nombre de la organización ambientalista un reto al gobernador Del Mazo para que durante un día realice sus traslados en transporte público y se ponga en los zapatos de los millones de mexiquenses que a diario tienen que hacer uso de él.

“Este ejercicio podrá darle una nueva perspectiva de la realidad que se vive en la entidad que gobierna, y que actualmente nos permite afirmar que el transporte en el Estado de México mata”.

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