Miguel Alvarado

Toluca, México; 13 de agosto de 2019. La aprehensión, de manera preventiva de Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, con Enrique Peña Nieto, acusada de presuntos desvíos por 5 mil 73 millones de pesos, ha terminado de encender las alarmas en el Estado de México para funcionarios que estuvieron relacionados con ella, y que fueron participantes, en diferentes responsabilidades, en la operación conocida como Estafa Maestra. Robles ha dicho que las contrataciones con universidades y sus irregularidades eran conocidas por el ex presidente Peña y por el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Por lo que respecta al Estado de México, la Estafa Maestra reveló además, en la Universidad Autónoma del Estado de México, la peor crisis política y económica de su historia, pues salieron a la luz desvíos hasta por mil 500 millones de pesos; el desmantelamiento de la Facultad de Medicina para favorecer la construcción de la Universidad de la Salud, propiedad de la familia del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas; la persecución y hostigamiento de médicos y académicos que se opusieron a esta operación; ceses injustificados y violencia en contra de trabajadores de la propia UAEMéx; represión y sanciones para quienes buscaron contender por la Rectoría en las elecciones del 2017 y denuncias en redes sociales por acoso sexual de profesores contra alumnos, así como un enfrentamiento contra el Congreso local, mayoriteado por Morena, que le ha costado a la escuela la pérdida del poder político que apenas hace un año tenía con los tres poderes del Edoméx.

Ahora, por primera vez en medios de comunicación, el nombre de Jorge Olvera García, ex rector de la UAEMéx, se menciona como uno de los personajes relacionados con las operaciones de Rosario Robles. Olvera encabeza actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un organismo duramente criticado debido a su ineficacia y parcialidad históricas a favor de actores gubernamentales. Con Olvera, son dos ya los funcionarios de primer nivel relacionados con la Estafa Maestra. El otro es el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, quien dirigía Banobras, aunque a él no se le ha fincado, siquiera, algún señalamiento. Otros personajes relacionados son el ex gobernador del Edoméx Emilio Chuayffet Chemor y actual presidente de la Fundación UAEMéx; Janet Socorro Valero Vilchis, ex directora de la Facultad de Ciencias Políticas y secretaria de Rectoría; Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario federal de Comunicaciones y Luis Miranda Nava, ex secretario de Estado y compadre de Peña Nieto.

La situación financiera de la Universidad Autónoma del Estado de México ya era desesperada en 2017, pero su insolvencia se hizo pública cuando las facturas de los proveedores se acumularon desde enero de ese año y la institución no las pudo pagar. A principios de septiembre de ese año, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción, revelaban una trama en la que se habían desviado 7 mil 670 millones de pesos desde 11 dependencias federales y en la que participaron 8 universidades estatales, entre ellas la UAEMéx, dirigida por Jorge Olvera García. En esa estafa se involucró también al director general del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), Érick Herzaín Torres Mulhia. Otros dos funcionarios de la universidad estatal, Hugo del Pozzo Rodríguez, director de Recursos Financieros y Enrique Fitch Becerra, director de Tecnologías de la Información, habían sido encarcelados debido a su responsabilidad en el desfalco de 16 millones de pesos en contratos firmados a nombre de la UAEMéx con empresas y prestadores de servicios, a principios de año.

En 2018 la UAEMéx comenzó con un programa de ahorro que incluyó la suspensión de convenios publicitarios con gran parte de los medios de comunicación, entre otras medidas, pues enfrentaba pagos mensuales por 92 millones de pesos en promedio, según empleados de la Dirección de Recursos Financieros, que la colocaron en una quiebra técnica, situación que las autoridades jamás aceptaron. A la fecha, la Universidad arrastra un legajo de 7 páginas donde están inscritos los adeudos para medios locales pertenecientes a 2017 y que según la propia UAEMéx, no tienen fecha de pago.

Movimientos como los que involucraron al desaparecido Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), resultan claves para entender el grado de involucramiento de la UAEMéx, pues su ex director general, Érick Herzaín Torres Mulhia, es uno de los principales responsables del desvío de recursos y desfalcos en la Universidad Autónoma del Estado de México, y quien en fechas recientes dejó de trabajar en la UAEMéx. Hasta hace poco adscrito a la Dirección de Administración universitaria, Torres fue director general del FONDICT, una instancia universitaria que fue desaparecida en 2016 después de que se descubrieron desfalcos en torno a su actividad. El FONDICT recababa fondos para “financiar (…) investigación, difusión cultural e intercambios académicos; impulsa la participación de los sectores sociales, públicos y privados en actividades productivas”, decía el ex rector Jorge Olvera en mayo de 2016

Torres Mulhia también firmó contratos millonarios de servicios adquiridos por la UAEMÉX entre 2012 y 2013, y dio el visto bueno a otros tantos, cuando el secretario técnico del Fondo era Elías Micha Zaga y la dirección general recaía en César Alberto Roque López.

El 28 de abril el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revisó las cuentas de la Universidad de 2017 y halló irregularidades, pero según el secretario de Finanzas de la UAEMéx, Javier González Martínez, eso no significa que haya desvío de recursos o quebranto, porque “los hallazgos se refieren a políticas de registro contable y no a incumplimiento en el ejercicio del presupuesto autorizado o desvío de recursos”. El fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, advirtió hace meses que la Estafa Maestra sería investigada como delincuencia organizada y como un posible delito de Estado, según indican los 21 procesos iniciados y las cuatro carpetas generales de investigación disponibles del caso. New ѥ�bc�

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