Fotografía: Plana Mayor.

Redacción VCV Noticias.

Toluca, México; 14 de junio de 2019. La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local la suspensión temporal del auditor Fernando Valente Baz Ferreira para que atienda su proceso de remoción al cargo. Este funcionario sería el primero en ser destituido por casos de corrupción u omisión en la entidad desde la instalación de la LX Legislatura.

Desde el pasado 4 de mayo el Poder Legislativo local tenía en la mira a Baz Ferreira. En aquel entonces, la JUCOPO aprobó iniciar el proceso de remoción del funcionario, argumentando incapacidad en la realización de sus funciones, específicamente en esclarecer la deuda del ISEM (9 mil 992 millones de pesos), de la UAEMéx (1 mil 500 millones de pesos), del ISSEMyM y del CUSAEM.

Posteriormente, el 27 de ese mismo mes, diputados de todas las bancadas realizaron la reunión de evaluación del desempeño de Baz Ferreira. Ahí, los diputados exhortaron al auditor a que presentara su renuncia, sin embargo él dijo que no renunciaría pero que acataría la decisión del Legislativo.

Ayer los diputados mandaron a la banca a Baz, a la espera del desenlace que es previsible: su destitución. Y lo hicieron basándose, principalmente, en las inconsistencias de la auditoría del ejercicio fiscal del 2017, realizada por el OSFEM y rechazada por la presente Legislatura el 15 de noviembre del año pasado. 

El dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia del OSFEM detalla que el auditor tuvo elementos para revisar transgresiones a la norma en el manejo de recursos del ISEM y no haberlos considerado para ejercer procedimientos de fiscalización y, consecuentemente, no haber señalado responsabilidades y omisiones en el manejo de los recursos.

Respecto al ISSEMyM, el informe detalla que el OSFEM no auditó el Fondo Solidario de Rreparto de pensiones ni la cuenta por cobrar de la institución que por concepto de adeudos de aportaciones tenía con entidades públicas del gobierno estatal y municipal, monto que ascendía a 6 mil 897 millones 758 mil pesos en diciembre de 2017.

En el caso de la UAEMéx el OSFEM omitió formular pliegos para fincar responsabilidades resarcitorias cuando tuvo elementos para presumir la existencia de desvío de fondos y de fincar responsabilidades a los presuntos responsables.

Del CUSAEM se determinó que está conformado por tres empresas: el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estad de México, el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria Comercial y Urbana del Valle de Toluca, Jefatura de Policía Industrial del Estado de México y Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco. Ellas adeudan al ISSEMyM más de mil 200 millones 500 mil pesos relativo a aportaciones de los trabajadores y sobre las que el OSFEM no ha realizado ninguna investigación.

Por último, respecto al Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), algunos de cuyos recursos fueron usado el año pasado para la realización de una serie, “El Populismo en América Latina”, para la que fueron destinados 2 millones 500 mil pesos de recursos públicos, a pesar de que su propósito era destinarlos, a través de los diputados, a labores de gestión sociales en sus distritos, pero que en la práctica los legisladores utilizaban de manera discrecional para controlar a la gente o para enriquecerse de forma ilícita.

En este tenor, la minuta de la Comisión de Vigilancia del OSFEM determinó que este órgano mostró desinterés por auditar al PAC y que el auditor, Fernando Baz, no brindó información a la Legislatura hasta que ésta le solicitó esclarecer el destino de esos recursos.

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