Miguel Alvarado

Toluca, México; 25 de septiembre de 2018. Nueve de los principales detenidos por el caso Ayotzinapa están a punto de obtener su libertad debido a graves irregularidades en cada uno de sus casos, según una sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito Judicial, publicada en junio de este año, y que se basa en la tortura a la que fueron sometidos; lo anterior a pesar de que se ha ordenado la creación de “una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa, con la participación del MP, las víctimas mediante sus representantes y la CNDH, con asistencia técnica de instancias internacionales, como mecanismo extraordinario para investigar lo ocurrido”.

El gobierno federal se ha amparado contra esta decisión promoviendo más de 120 recursos, en lo que se ha interpretado como la caída judicial de la investigación del gobierno de Enrique Peña Nieto referente a los sucesos de Ayotzinapa sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Esto último es lo más importante que ha sucedido últimamente en torno a la normal y a lo que se vendrá sobre ella, dentro de ella, alrededor de ella. Pero aún no ha pasado nada.

De todas maneras tráileres de la muerte ruedan por las ciudades de Acapulco, Chilpancingo e Iguala porque los cuerpos que transportan no caben en ningún lugar. No tienen nombre ni pertenecen a nadie. Nunca han sido nada y ahora se deshacen, en ese calor, a punto de convertirse sólo en lixiviados, quizá pedazos de hueso con la carne cocida a esa periferia amarilla, gris o blanca en que nos convertimos al final.

Esas fosas móviles no son nada. Representan muy poco los mil cadáveres ambulantes cuando apenas Tamaulipas tiene 37 mil desaparecidos que no pueden ser contabilizados bien a bien. O los reportes más o menos secretos de fosas en el sur del Estado de México, la salvaje Tierra Caliente, y en la que apenas se han encontrado seis cuerpos en Temascaltepec. Si se camina la Sierra de Nanchititla, ni siquiera se tendría que rascar para hallar los restos -devorados por la rapiña- de quienes fueron ejecutados ahí o sus cuerpos abandonados. Que marinos y soldados se enfrentan en esa zona, representando cada uno a diferentes cárteles, es otra historia, aunque sea la misma.

Pero Ayotzinapa, en Tixtla. En Guerrero. En medio del Cinturón del Oro.

Mientras, en espera de que nada pase, La Negra, la perrita que llegó a Ayotzinapa hace más de 10 años, sigue sentándose en la cancha de basquetbol, esperando por el sol y su calor, y de que el día le traiga mejor suerte y coma mejor –porque los perros que viven en la escuela siempre comen, incluso en los días en que no hay nada-. Sale el sol y con él a veces el calor. La Negra se acerca a algunos pero nunca pide nada. Al menos hoy no lo ha hecho. Así que se aleja por el pasillo, rumbo al comedor o quizá no; quizá se desvíe y dé la vuelta hacia la cancha de fut, donde se juega casi siempre y se juega bien.

Después de cuatro años el caso para las autoridades federales se ha reducido a eso, a un cuerpo incluso con vida que debe ser enterrado y que, si se quiere, puede resumirse en una tarjeta informativa que da fe de cinco fases, a saber, y en la que la última de éstas el resultado es la libertad de casi todos los involucrados, detenidos en algún momento por la Procuraduría.

De todas maneras no ha pasado nada.

De todas maneras los familiares de Julio César Mondragón, el joven desollado en Iguala, siguen esperando, como todos los demás, a que algo suceda pero no pasa nada porque no hay nada que deba pasar si la justicia o lo que sea que eso significa debe provenir de un gobierno como el de Peña, el mexiquense Peña, quien lo mismo que el coronel toluqueño José Rodríguez Pérez, sabe lo que ha sucedido en Iguala.

Lo saben, y nada pasa.

Rodríguez Pérez fue jefe máximo del 27 Batallón de Infantería que operó en Iguala esa noche pero también en otras incursiones que realizó su batallón, como en Taxco, por ejemplo, y que dejó un reguero de cuerpos en la ciudad, poco antes de lo de Iguala. Y de allí nace la inconformidad de los diversos colectivos que buscan desaparecidos porque la SEDENA ha candidateado al coronel Alejandro Saavedra Hernández para que sea el próximo secretario de la Defensa. En esta decisión, por lo menos desde lo público, no participa López Obrador, cuya responsabilidad será aceptarlo, a pesar de saber quién es.

Y dice:

“Alejandro Saavedra Hernández tiene vinculación con la masacre de Tlatlaya y los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues ambos batallones (102 y el 27) dependían de la 35 Zona Militar, donde él era comandante; acompañó a brindar seguridad perimetral a las tropas del 102 Batallón, durante la masacre de Tlatlaya; el Batallón 27 de Infantería en Iguala estaba bajo su jurisdicción cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus soldados controlaban el C4, agentes de inteligencia militar estuvieron presentes en los lugares de los ataques, incluso hostigaron a los estudiantes; según el expediente de la PGR el coronel Juan José Rodríguez Pérez, comandante del 27° Batallón, envió informes a su superior sobre los sucesos del 26 y 27 de septiembre en tiempo real”.

Eso, y que a los muchachos no se los llevaron a Huitzuco, sino que quienes los levantaron enfilaron rumbo a Chilpancingo, aunque jamás llegaron a esa ciudad. Quienes lo hicieron pudieron salir de Iguala, cerrada para todos por el ejército, excepto para quienes llevaban aquella carga de estudiantes. Los retenes comenzaron en el puente de Quetzapala, que sirvió de referencia y paso imposible para realizar las primeras revisiones a autos y camiones.

Por otro lado, el programa militar de cooperación militar entre México y Estados Unidos, y que le cuesta a los gringos 16 millones 798 mil 738 dólares, es una infamia porque sólo funciona cuando quienes reciben entrenamiento se enfrentan a los propios mexicanos, pero desarmados. Así, el Control Internacional de Narcóticos y Fortalecimiento de la Ley, que cuesta 23 millones 537 mil 536 dólares, para Ayotzinapa sólo ha resultado en una línea de investigación obvia que señala la ruta narca entre Iguala y Chicago, y una serie de conversaciones telefónicas entre miembros de cárteles.

Hace pocos días, una reunión casi secreta entre el ex procurador Jesús Murillo Karam y el propio López Obrador, tuvo el desenlace esperado: la exculpación de sí mismo del ex funcionario, quien le puso el dedo a uno de sus colaboradores, Tomás Zerón de Lucio, a quien en el Estado de México se le conocía como el superpolicía pero que en el caso de Ayotzinapa era llamado de otra forma.

– Yo no sabía nada, yo sólo dije lo que me dijeron que dijera cuando hable en público -le confió el sempiterno ojeroso Murillo Karam a Obrador, mientras mascullaba el nombre de Zerón.

Pero Ayotzinapa, allá donde no pasa nada.

La primera fase operativa en el caso de los levantamientos de los 43 estudiantes fue realizada por la Procuraduría de Guerrero. Entre otras cosas, se detuvo a 22 policías, se creía que estaban en fosas clandestinas en la comunidad de Pueblo Viejo. Hubo 250 denuncias, se encontraron efectivamente fosas y se recuperaron 117 cuerpos, aunque de ellos sólo se han identificado a 17 de ellos y se contó desde entonces con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Después todo se fue al diablo.

La investigación fue atraída por la PGR desde la segunda fase, cuya operatividad recayó en la Agencia de Investigación Criminal, dirigida por Zerón. Junto con esto llegó la corrupción y la criminalización de las víctimas desde información dolosa que cierto tipo de prensa publicó –el infame Jorge Fernández Meléndez, ADN 40, López Dóriga y su círculo de copy’s, Héctor de Mauleón y por supuesto que Luis González de Alba- y que cierto sector comenzó a dar por cierto.

La criminalización alcanzó todos los niveles; desde decir que Julio César Mondragón era líder del cártel de los Rojos hasta que la toma de camiones por parte de los estudiantes de la normal rural eran actos vandálicos y terroristas, como si no estuvieran incluso acordados por las propias empresas de transporte en Guerrero. Pero en medio de todo esto, desde el gobierno federal se construye la “verdad histórica” difundida el 4 de noviembre de 2015, la cual se basa en la “confesión” de tres detenidos y conlleva a la incineración de los 43 estudiantes y el depósito de sus cenizas en el río San Juan. La PGR consigna el expediente en el juzgado de Tamaulipas, por seguridad.

En Ayotzinapa la vida sigue. Incluso se hicieron obras de remodelación y de alguna manera se intenta recuperar algo de lo perdido, como la credibilidad ante la FECSM, a raíz de algunos acontecimientos en torno a la desaparición de los 43 y de la posibilidad de que estuvieran muertos. Nadie habla de El Parca y todos de Omar García, para bien o para lo contrario. A este último le llaman El Eterno, porque pareciera que siempre ha estado en Ayotzinapa.

En Ayotzinapa nada pasa, nada que sea digno de contar, a no ser que una revisión internacional, metódica, supervise las investigaciones que se hacen en torno al caso. Se hacen más comunes nombres como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se firman algunos acuerdos, como el de Asistencia Técnica Internacional, en la capital de Estados Unidos, en noviembre de 2014. La CIDH integraría a un equipo llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a cargo de acciones concretas que al final resolvieron más de lo que el gobierno, con todos los recursos, pudo hacer, pero menos de lo que se esperaba. Incluso, mucho menos que datos que reporteros recabaron y dieron forma a una guerra que se ha ocultado a la vista de todos. Sin embargo fue suficiente para reventar la verdad histórica propuesta por Peña, quien hasta hace poco sostuvo, con cara idiota, que “para mí, los quemaron”.

Peña, y Peña y su familia. Perfiles casi psicóticos detentando el máximo poder público del país. Él, una personalidad tenebrosa que se hizo pasar por idiota pero que en realidad sirvió bastante bien, como CEO, a su grupo político, el de Atlacomulco, que por seis años vendió, privatizó, regaló y saqueó al país como quiso y como le convino.

Después, dice la tarjeta informativa relativa a Ayotzinapa, que el GIEI fue prácticamente expulsado de México. Vale la pena que la cuarta fase sea identificada puntualmente:

Tras la salida del GIEI, la CIDH creó un Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para dar rastrear la investigación. Se corrobora el ocultamiento de pruebas por parte de la PGR al GIEI. Fracasan los intentos de impulsar una investigación interna desde la Visitaduría General, y su titular es cesado. Nuevas revelaciones confirman las conexiones entre la criminalidad de Iguala y las instancias estatales y federales, confirmando el alcance trasnacional de los “Guerreros Unidos”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emite su informe “Doble injusticia”.

Y vale la pena decir que, una vez más, la línea sobre la droga hacia Chicago aparece preponderantemente. Si esto se oficializa y se investiga desde ahí, la participación de las mineras en el genocidio de Guerrero será invisibilizado una vez más y se seguirá pensando que es el narco y sus señores, como aquel que es el de Huitzuco y que no es otro que Rubén Figueroa, el causante de la violencia en esa zona. Las mineras canadienses, sobre todo, son las culpables directas. Y en Ayotzinapa su papel es preponderante, aunque nadie aún se atreva o pueda ligar esta relación. O casi nadie, porque en Carrizalillo, entre Iguala y Chilpancingo, se encuentra una de las claves para resolver el misterio de los 43.

La quinta fase de las investigaciones, la última, sólo da cuenta del fracaso absoluto de éstas, pues los detenidos están a punto de derribar jurídicamente las pruebas fabricadas que construyen la verdad histórica.

Habrá que empezar de cero. O empezar donde se deba comenzar. Nadie sabe cómo hará la anunciada Comisión de la Verdad para Ayotzinapa si se prevé que la PGR no dejará piedra sobre piedra ni tampoco permitirá asomarse a lo que nadie, públicamente, ha visto.

Y sí, en Ayotzinapa no pasa nada.

Y eso seguirá pasando.

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